La combinación tra capitale público y privado para financiar proyectos SDG en países más pobres y con balances limitados requiere una distribución más equilibrada de los riesgos. El cambio climático está acelerando a ritmos alarmantes, con los países a bajo y medio ingreso que sufren las consecuencias más graves. En 2022, solo los países a bajo ingreso albergaban más del 60% de las personas que vivían con menos de 2,15 dólares al día, y el 40% de aquellos afectados por desastres en el mundo. En 2024, las pérdidas económicas debidas a eventos meteorológicos extremos aumentaron más rápidamente que el PIB global, con profundas consecuencias ambientales, sociales y económicas.
Los países a bajo y medio ingreso están a menudo poco preparados para responder a estas crisis, lo que se traduce en mayores daños a las economías, movimientos migratorios y pérdida de biodiversidad. Estos países presentan también altos niveles de deuda pública, que obstaculizan gravemente su capacidad de invertir en iniciativas clave de desarrollo y adaptación climática. En 2024, la deuda pública global ascendió a 102 mil millones de dólares, con los países a bajo y medio ingreso responsables de casi un tercio de este total, es decir, 31 mil millones de dólares, además de un récord de 921 millones de dólares en intereses pagados en 2023. Estos pagos han puesto notables presiones sobre los balances nacionales y han puesto en riesgo servicios públicos esenciales.
El impacto del cambio climático sobre la deuda pública puede atrapar a los gobiernos en un círculo vicioso, donde no solo deben cubrir pérdidas y daños debidos a la variabilidad climática y el aumento de las temperaturas, sino también el costo de recaudar fondos para inversiones públicas aumenta. Con balances gubernamentales tan limitados, los países en vías de desarrollo no pueden hacer los inversiones necesarios para un desarrollo a bajas emisiones de carbono y resiliente al clima. Con el tiempo, la inversión en tales intervenciones se vuelve aún más prohibitiva, mientras que la ventana para limitar eficazmente el aumento de la temperatura global sigue reduciéndose.
El sector agroalimentario es uno de los ejemplos más evidentes de esta situación de estancamiento. Da trabajo a más de un mil millones de personas, aproximadamente un tercio de la fuerza laboral mundial, y es una componente fundamental de la economía y la sociedad en muchos países emergentes y en vías de desarrollo. A pesar de su importancia, el sector agroalimentario también es uno de los principales responsables del cambio climático y resulta particularmente expuesto a shock globales como conflictos, pobreza, deuda y eventos climáticos extremos. Un análisis de la FAO, la agencia ONU para el desarrollo agrícola, ha observado que el sector agrícola absorbe aproximadamente el 23% de todas las pérdidas económicas causadas por desastres ambientales. Estos factores no solo reducen su capacidad de resistir a las crisis, sino que también ralentizan las transformaciones necesarias para impedir que continúe contribuyendo a los riesgos climáticos.
Además, el sector agroalimentario está crónicamente subfinanciado. A nivel global recibió casi 100 mil millones de dólares en 2021/22, solo el 7% del total de la financiación sostenible. Sin embargo, los pequeños agricultores, que producen gran parte del alimento en Asia meridional y sudoriental, África subsahariana y América Latina, necesitarían cada año alrededor de 323 mil millones de dólares. En realidad, reciben solo 95 mil millones de dólares y el 78% de estos fondos proviene del sector público.
La blended finance, o finanza mixta, es un enfoque estratégico que combina la financiación facilitada (pública o filantrópica) con capital comercial privado para financiar proyectos de desarrollo sostenible. La blended finance se ha utilizado como herramienta de financiación del desarrollo para aumentar las recursos de los países a bajo y medio ingreso de «millardos» en inversiones públicas a «trillones» en inversiones totales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La idea subyacente es simple: la financiación pública facilitada puede ser utilizada para absorber o reducir los riesgos de inversión, atraer capital privado a gran escala hacia inversiones críticas para el desarrollo.
Sin embargo, casi un décimo de año después de su adopción en las principales agendas políticas internacionales, la blended finance sigue sin alcanzar los objetivos declarados. La movilización de recursos ha quedado en gran medida limitada: los inversiones adicionales generadas han sido pocas y los financiamientos continúan concentrándose principalmente en sectores ya muy rentables y en regiones consideradas menos riesgosas. El problema principal de la blended finance es el desequilibrio en la distribución de los riesgos y los beneficios entre el sector público y el privado. En la práctica, es el sector público el que se hace cargo de la mayor parte de los riesgos, especialmente a través de instrumentos diseñados para reducirlos. Entre 2022 y 2025, casi la mitad de los fondos facilitados destinados a instituciones financieras se ha erogado en forma de garantías, mientras que otro 30% se ha proporcionado como subvenciones.
Los desequilibrios en la concesión del riesgo entre público y privado no solo reducen la eficacia de la blended finance, sino que también pueden crear importantes costos futuros para los gobiernos. A menudo, los fondos públicos se utilizan para hacer posibles operaciones que el sector privado no realizaría sin que el Estado se asuma una parte muy elevada del riesgo, por ejemplo, a través de garantías soberanas o préstamos directos. Entre 2018 y 2022, más del 60% de los proyectos de blended finance en países a bajo y medio ingreso se basó en este tipo de acuerdos. Si bien estos instrumentos mejoran el perfil crediticio de un país y pueden atraer más inversiones privadas, también desplazan gran parte del riesgo hacia el sector público. Este riesgo a menudo no aparece en los balances oficiales o en las estadísticas sobre la deuda, convirtiéndose así en una pasividad oculta para los gobiernos.
Il rapido passaggio dall’Assistenza ufficiale allo sviluppo (ODA) a strumenti prevalentemente di debito nello spazio del finanziamento dello sviluppo ha aumentato l’esposizione dei Paesi al sovraindebitamento e allo stress finanziario, soprattutto in un’epoca di rischi crescenti. In questo contesto, l’istituzione di sistemi nazionali di gestione del rischio finanziario, insieme all’uso strategico di strumenti assicurativi e di finanziamento del rischio, è sempre più riconosciuta come essenziale per affrontare le complesse sfide dello sviluppo odierno. Una buona gestione del rischio, inclusi gli strumenti assicurativi e finanziari pensati per coprirlo, può aiutare i Paesi a rafforzare la propria resilienza fiscale e a ridurre la vulnerabilità agli shock.
Quando uno Stato dispone di sistemi capaci di assorbire o trasferire gli impatti economici dei disastri, riesce più facilmente a mantenere la stabilità, proteggere i progressi dello sviluppo ed evitare improvvise pressioni sui conti pubblici. Nel tempo, questa integrazione può aumentare la fiducia degli investitori, migliorare l’accesso a capitali a costi sostenibili e aprire nuove opportunità di sviluppo resiliente al clima. Nonostante ciò, gli approcci basati sulla gestione del rischio sono ancora poco utilizzati nei contesti di sviluppo.
La sfida della gestione del rischio
Quadri integrati di de-risking, che combinano assicurazioni, garanzie creditizie e assistenza tecnica, sono fondamentali per costruire resilienza economica e istituzionale, ma vengono applicati raramente su larga scala. Tuttavia, in molti Paesi l’assicurazione non è riuscita a superare la fase dei progetti pilota a breve termine finanziati da donatori, spesso scollegati dalle politiche nazionali, dai mercati e dai sistemi di finanziamento.
Due esempi: nel mondo il 20% degli agricoltori ha accesso a servizi assicurativi; in Africa, nel 60% dei Paesi il tasso di copertura assicurativa non supera l’1%. In sintesi, il cambiamento climatico e il debito pubblico aggravano le fragilità dei Paesi a basso e medio reddito.
La blended finance: una opportunità per la collaborazione
La blended finance offre opportunità, ma senza una migliore condivisione dei rischi e strumenti di gestione più diffusi rischia di non raggiungere il suo potenziale. Serve una collaborazione più efficace tra pubblico e privato per costruire sistemi più resilienti e sostenibili.
