En este análisis se esbozan algunos de los principales ámbitos de cooperación entre la Unión Europea (UE) y Colombia y Chile en materia de cambio climático y transición energética justa. Se describen los distintos retos que deben superar estas asociaciones y se destacan algunas de las oportunidades de mejora de la cooperación entre la UE y ambos países latinoamericanos para impulsar la acción por el clima y avanzar hacia una transición energética justa.
El potencial de cooperación entre la UE y la región de América Latina y el Caribe (ALC) es significativo. Estas dos regiones incluyen 60 países que representan un tercio de las 195 Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y son responsables de alrededor del 15% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI). La UE y ALC representan la alianza birregional más sólida en cuanto al cambio climático, con una sorprendente cartera de trabajo en los ámbitos de la diplomacia, la cooperación al desarrollo, la inversión y el comercio.
La estrategia de Global Gateway de la UE
En 2023, la presidenta de la Comisión Europea anunció que el Equipo Europa había consignado más de 45.000 millones de euros hasta 2027 a través de la agenda de inversión de la Global Gateway a la región ALC para afrontar las profundas transformaciones geopolíticas en curso con vistas a promover una transición ecológica, digital y justa. La estrategia de Global Gateway de la UE, lanzada en 2022, contribuye a reducir la brecha mundial de inversión en torno a cinco temas principales: (a) clima y energía; (b) mundo digital; (c) educación e investigación; (d) salud; y (e) transporte sostenible.
A pesar de esta iniciativa, existe un amplio margen de ajuste y de mejora de la cooperación, por ejemplo mediante la ampliación de inversiones en energía renovable y movilidad eléctrica, la reducción de la deforestación y la elaboración de marcos de transición justa, además de garantizar que no se deje atrás a trabajadores y comunidades. Esta agenda puede ayudar a estrechar lazos entre la UE y ALC, y las relaciones de la UE con Chile y Colombia en particular, en un contexto de intensificación de las rivalidades geopolíticas, agravamiento de las repercusiones del cambio climático y aumento de la desigualdad, entre otros problemas de alcance mundial.
La presidencia de Colombia en la CELAC
El momento es propicio porque Colombia asumirá por primera vez la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2025, probablemente con la crisis climática y la transición energética justa entre sus máximas prioridades. Para asegurar los avances en la cuarta Cumbre UE-CELAC de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Colombia en 2025, así como en la relación UE-ALC en líneas más generales, los dirigentes regionales deberán abordar los grandes puntos débiles de estas agendas, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono del Pacto Verde Europeo y la ley de la UE en materia de deforestación, y otras cuestiones que amenazan con desvirtuar el potencial de las alianzas entre la UE y ALC para contribuir en la medida de lo posible a limitar el calentamiento global a 1,5°C y garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo.
La relación UE-ALC en el contexto del Pacto Verde Europeo
El Pacto Verde Europeo (PVE) afectará profundamente a las relaciones de la UE con la región de ALC. La UE se ha mostrado más interesada en los recursos naturales de la región, tanto combustibles fósiles como materias primas críticas para las tecnologías de bajas emisiones de carbono. Esa atención renovada podría chocar con los propios intereses y los planes de reindustrialización de los países de ALC, así como con su deseo de desarrollar sectores de mayor valor añadido más allá de la exportación de materias primas. Los países de ALC buscan aumentar los niveles de inversión en sectores verdes, pero todo ello acompañado de los conocimientos y el bagaje tecnológico necesarios para impulsar la innovación y la creación de empleo de calidad.
La alianza UE-ALC en la era del cambio climático
En comparación con China y Estados Unidos (EEUU), la UE cuenta con el potencial de ser el socio de preferencia en la región de ALC gracias a su planteamiento del Equipo Europa, en el que participan la UE y sus Estados miembros, los organismos de desarrollo, los bancos públicos de desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y, por último, el sector privado y la sociedad civil. En ese sentido, una cuestión fundamental es saber si la UE logrará que la región de ALC camine en la misma dirección a medida que se esfuerce por aplicar el PVE, con el que Europa aspira a la neutralidad climática de aquí a 2050, junto con el compromiso industrial renovado.
La región de ALC puede haber sido descrita como una prioridad geopolítica para llevar a buen puerto el PVE, pero, ahora que el plan se adentra en su siguiente fase con el establecimiento de otros objetivos, entre ellos un nuevo Pacto Industrial Limpio para la competitividad de la industria y la calidad del empleo, ¿podría redundar también en beneficio de la región de ALC? Y en su caso, ¿cómo puede ayudar la alianza UE-ALC a que ambas regiones establezcan economías de cero emisiones netas y resilientes al clima de un modo justo e inclusivo en el contexto del esfuerzo renovado de la UE por incrementar su competitividad a nivel mundial?
Salvo que se lleven a cabo iniciativas concertadas, la insuficiencia de la financiación climática para los países en desarrollo, el auge del proteccionismo ecológico y la desigualdad geográfica-industrial de la descarbonización podrían hacer que la transición mundial hacia una economía de bajas emisiones de carbono generase un aumento de la disparidad económica entre naciones y regiones. Además, cada vez son más las voces que piden a la UE que dé rienda suelta a su poder geoeconómico para hacer frente a la guerra rusa en Ucrania y a la coerción económica de China, de donde surge la necesidad de asegurarse de que las alianzas de la UE con los países de ALC no sirvan únicamente para proteger los intereses de la Unión, sino que redunden en beneficio mutuo.
Al mismo tiempo, los conflictos globales y el aumento de las tensiones geopolíticas generan riesgos adicionales, inestabilidad y una posible reducción del entusiasmo suscitado por la cooperación internacional, lo que podría distraer a Europa y a ALC del cumplimiento de sus compromisos climáticos. Por último, la segunda administración de Donald Trump y su intención de abandonar el Acuerdo de París socavarán las iniciativas nacionales estadounidenses de descarbonización y dispararán la producción de combustibles fósiles, lo que podría generar nuevas dificultades para las iniciativas impulsadas por la UE y ALC destinadas a crear un futuro más justo y sostenible.
Está por ver si los países de la UE y de ALC logran colaborar para evitar un incremento de las disparidades económicas entre las dos regiones, además de impulsar una intensificación de la acción por el clima e intentar gestionar las tensiones geopolíticas. No obstante, lo cierto es que ambas regiones se necesitan para conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo y salvaguardar el multilateralismo, así como para lograr que los esfuerzos por descarbonizar sus economías de un modo justo, adaptarse al agravamiento de las consecuencias climáticas y propulsar la competitividad redunden en beneficio mutuo.
La cooperación entre la UE y ALC en el ámbito del cambio climático
Para hacer frente a estas cuestiones y posibilitar que se lleve a cabo un debate mejor fundamentado a nivel nacional, se ofrece una descripción somera de las políticas climáticas y energéticas de Colombia y Chile y se destacan algunos de los puntos más importantes de la cooperación de la UE con ambos países. Estas naciones son socios fundamentales para la UE en las conversaciones sobre el cambio climático en las Naciones Unidas para hacer avanzar el Acuerdo de París y por su determinación de poner en marcha políticas nacionales ambiciosas en el ámbito del clima. La UE trabaja codo con codo con ambos países en el ámbito de la crisis climática y estas asociaciones son cruciales para la UE de cara a dejar patente la importancia de colaborar con terceros países para la consecución de objetivos comunes, lo que podría generar confianza a nivel mundial para intensificar la acción.
Retos y oportunidades para la cooperación
En 2024, extensos territorios de Sudamérica fueron arrasados por los incendios forestales mientras las ciudades europeas sufrían el azote continuo de inundaciones mortales, lo que disparó las alarmas con más fuerza que nunca. Y, aun así, nada asegura que la comunidad internacional, que incluye a los países de la UE y de la región ALC, se muestre dispuesta a acelerar de verdad la acción climática y la transición energética justa. En el presente análisis se examina en qué puntos y de qué modo podría reforzarse la cooperación en cuanto al cambio climático y la transición energética justa entre la UE y ALC, con especial atención a Colombia y Chile.
El potencial de la cooperación
El potencial está ahí. En su conjunto, las dos regiones incluyen 60 países que representan un tercio de las 195 Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y son responsables de alrededor del 15% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI). Puede decirse que la UE y ALC representan la alianza birregional más sólida en cuanto al cambio climático, con una sorprendente cartera de trabajo en los ámbitos de la diplomacia, la cooperación al desarrollo, la inversión y el comercio.
La estrategia de Global Gateway de la UE
La estrategia de Global Gateway de la UE, lanzada en 2022, contribuye a reducir la brecha mundial de inversión en torno a cinco temas principales: (a) clima y energía; (b) mundo digital; (c) educación e investigación; (d) salud; y (e) transporte sostenible. A pesar de esta iniciativa, existe un amplio margen de ajuste y de mejora de la cooperación, por ejemplo mediante la ampliación de inversiones en energía renovable y movilidad eléctrica, la reducción de la deforestación y la elaboración de marcos de transición justa, además de garantizando que no se deje atrás a trabajadores y comunidades.
La presidencia de Colombia en la CELAC
Esta agenda puede ayudar a estrechar lazos entre la UE y ALC, y las relaciones de la UE con Chile y Colombia en particular, en un contexto de intensificación de las rivalidades geopolíticas, agravamiento de las repercusiones del cambio climático y aumento de la desigualdad, entre otros problemas de alcance mundial. El momento es propicio porque Colombia asumirá por primera vez la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2025, probablemente con la crisis climática y la transición energética justa entre sus máximas prioridades.
Para asegurar los avances en la cuarta Cumbre UE-CELAC de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Colombia en 2025, así como en la relación UE-ALC en líneas más generales, los dirigentes regionales deberán abordar los grandes puntos débiles de estas agendas, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono del Pacto Verde Europeo y la ley de la UE en materia de deforestación, y otras cuestiones que amenazan con desvirtuar el potencial de las alianzas entre la UE y ALC para contribuir en la medida de lo posible a limitar el calentamiento global a 1,5°C y garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo.
El Pacto Verde Europeo (PVE) afectará profundamente a las relaciones de la UE con la región de ALC. La UE se ha mostrado más interesada en los recursos naturales de la región, tanto combustibles fósiles como materias primas críticas para las tecnologías de bajas emisiones de carbono. Esa atención renovada podría chocar con los propios intereses y los planes de reindustrialización de los países de ALC, así como con su deseo de desarrollar sectores de mayor valor añadido más allá de la exportación de materias primas. Los países de ALC buscan aumentar los niveles de inversión en sectores verdes, pero todo ello acompañado de los conocimientos y el bagaje tecnológico necesarios para impulsar la innovación y la creación de empleo de calidad.
En comparación con China y Estados Unidos (EEUU), la UE cuenta con el potencial de ser el socio de preferencia en la región de ALC gracias a su planteamiento del Equipo Europa, en el que participan la UE y sus Estados miembros, los organismos de desarrollo, los bancos públicos de desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y, por último, el sector privado y la sociedad civil. En ese sentido, una cuestión fundamental es saber si la UE logrará que la región de ALC camine en la misma dirección a medida que se esfuerce por aplicar el PVE, con el que Europa aspira a la neutralidad climática de aquí a 2050, junto con el compromiso industrial renovado.
La cooperación entre la UE y ALC
La región de ALC puede haber sido descrita como una prioridad geopolítica para llevar a buen puerto el PVE, pero, ahora que el plan se adentra en su siguiente fase con el establecimiento de otros objetivos, entre ellos un nuevo Pacto Industrial Limpio para la competitividad de la industria y la calidad del empleo, ¿podría redundar también en beneficio de la región de ALC? Y en su caso, ¿cómo puede ayudar la alianza UE-ALC a que ambas regiones establezcan economías de cero emisiones netas y resilientes al clima de un modo justo e inclusivo en el contexto del esfuerzo renovado de la UE por incrementar su competitividad a nivel mundial?
Salvo que se lleven a cabo iniciativas concertadas, la insuficiencia de la financiación climática para los países en desarrollo, el auge del proteccionismo ecológico y la desigualdad geográfica-industrial de la descarbonización podrían hacer que la transición mundial hacia una economía de bajas emisiones de carbono generase un aumento de la disparidad económica entre naciones y regiones. Además, cada vez son más las voces que piden a la UE que dé rienda suelta a su poder geoeconómico para hacer frente a la guerra rusa en Ucrania y a la coerción económica de China, de donde surge la necesidad de asegurarse de que las alianzas de la UE con los países de ALC no sirvan únicamente para proteger los intereses de la Unión, sino que redunden en beneficio mutuo.
Al mismo tiempo, los conflictos globales y el aumento de las tensiones geopolíticas generan riesgos adicionales, inestabilidad y una posible reducción del entusiasmo suscitado por la cooperación internacional, lo que podría distraer a Europa y a ALC del cumplimiento de sus compromisos climáticos. Por último, la segunda administración de Donald Trump y su intención de abandonar el Acuerdo de París socavarán las iniciativas nacionales estadounidenses de descarbonización y dispararán la producción de combustibles fósiles, lo que podría generar nuevas dificultades para las iniciativas impulsadas por la UE y ALC destinadas a crear un futuro más justo y sostenible.
Está por ver si los países de la UE y de ALC logran colaborar para evitar un incremento de las disparidades económicas entre las dos regiones, además de impulsar una intensificación de la acción por el clima e intentar gestionar las tensiones geopolíticas. No obstante, lo cierto es que ambas regiones se necesitan para conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo y salvaguardar el multilateralismo, así como para lograr que los esfuerzos por descarbonizar sus economías de un modo justo, adaptarse al agravamiento de las consecuencias climáticas y propulsar la competitividad redunden en beneficio mutuo.
La cooperación de la UE con Colombia y Chile
Para hacer frente a estas cuestiones y posibilitar que se lleve a cabo un debate mejor fundamentado a nivel nacional, se ofrece una descripción somera de las políticas climáticas y energéticas de Colombia y Chile y se destacan algunos de los puntos más importantes de la cooperación de la UE con ambos países. Estas naciones son socios fundamentales para la UE en las conversaciones sobre el cambio climático en las Naciones Unidas para hacer avanzar el Acuerdo de París y por su determinación de poner en marcha políticas nacionales ambiciosas en el ámbito del clima. La UE ha cooperado con ambos países en torno a cuestiones climáticas y se trata de actores fundamentales para que la UE deje patente la importancia de colaborar con terceros países, con el consiguiente potencial de generar confianza a nivel mundial para intensificar la acción por el clima.
En este artículo, se esbozan algunos de los principales ámbitos de cooperación de la UE con Colombia y con Chile en materia de cambio climático y transición energética justa. Después, se examinan algunos de los retos a los que se enfrentan estas asociaciones y se mencionan algunas oportunidades de mejora de la cooperación, con especial hincapié en la transición energética justa.
Colombia tiene por delante tres transiciones interconectadas y urgentes para crear una economía descarbonizada y resiliente al clima. Debido a su gran vulnerabilidad ante las consecuencias del cambio climático, debe llevar a cabo una transición hacia una economía más resiliente al clima. En segundo lugar, tendrá que transformarse en una economía con cero emisiones netas para 2050. En tercer lugar, a medida que la demanda mundial de petróleo y carbón, sus exportaciones principales, empiece a decaer y vaya subiendo la de productos ecológicos, deberá transformar también su economía.
La economía colombiana depende en gran medida de los combustibles fósiles. El sector energético y minero representa alrededor del 7% del PIB, una tercera parte de la inversión extranjera, cerca del 60% de las exportaciones totales y más de medio millón de puestos de trabajo formales. El país genera en torno al 0,57% de las emisiones de GEI a nivel mundial. Alrededor del 59% de las emisiones de GEI de Colombia procede de cambios en el uso del suelo y la silvicultura, seguidos del 30% del sector energético. El sector del transporte es el mayor consumidor de energía (44%) y genera un 12% de las emisiones totales de GEI del país.
Objetivos climáticos de Colombia
Colombia se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030 y a conseguir cero emisiones netas para 2050, con ambos objetivos recogidos en su Ley de Acción Climática.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 del gobierno de Petro describe las prioridades públicas, entre ellas reducir la deforestación y acelerar la penetración de las energías renovables y los vehículos de emisión cero o de bajas emisiones. Asimismo, el gobierno pretende crear 20.000 “comunidades energéticas” de aquí a 2026 para que los consumidores de servicios de energía generen, comercialicen o utilicen con eficiencia la electricidad generada a través de energías y combustibles renovables y sistemas distribuidos de energía.
Políticas energéticas del gobierno de Petro
Asimismo, el gobierno pretende crear 20.000 “comunidades energéticas” de aquí a 2026 para que los consumidores de servicios de energía generen, comercialicen o utilicen con eficiencia la electricidad generada a través de energías y combustibles renovables y sistemas distribuidos de energía. Se están desarrollando estas comunidades energéticas para democratizar los mercados de la electricidad, conseguir tarifas justas y reducir la pobreza energética.
En campaña, el presidente Petro se comprometió a impulsar una transición energética justa poniendo fin a la concesión de nuevas licencias para la exploración de gas y petróleo. A fecha de diciembre de 2024, no se han otorgado nuevas licencias para gas y petróleo. De hecho, se han destinado esfuerzos a la revisión de los contratos existentes para asegurarse de que generen los máximos resultados posibles.
Posibles cambios en la política energética
Del mismo modo, es posible que el próximo gobierno reactive los proyectos piloto de fracturación hidráulica. El compromiso de no conceder nuevas licencias podría ser revocado por el próximo gobierno, puesto que, en estos momentos, no se ha aprobado ninguna ley ni ninguna política que impida otorgarlas.
A lo largo de 2023 y 2024, el gobierno de Petro elaboró su Hoja de Ruta de Transición Energética Justa, compuesta por un paquete de seis documentos en los que se describen sus objetivos estratégicos, los distintos escenarios, los diálogos nacionales, las inversiones necesarias, las oportunidades y los retos asociados. La hoja de ruta pretende acelerar la transición, con lo que se contribuye a la economía y se promueve la industrialización para sustituir de manera gradual la dependencia nacional de los combustibles fósiles y crear nuevas fuentes de empleo.
En 2023, el gobierno de Petro también se sumó a la iniciativa Powering Past Coal Alliance, a la Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), al grupo de países que desean negociar un tratado de no proliferación de los combustibles fósiles y, además, participó activamente en la COP28 de Dubái, donde pidió que el lenguaje empleado sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles fuese contundente. En su condición de primer país latinoamericano, y el mayor productor de combustibles fósiles, en unirse a la campaña para negociar un tratado de no proliferación de estos combustibles, Colombia se postula como un país atípico por el liderazgo mostrado a la hora de acelerar una transición energética mundial.
Portafolio de transición socio-ecológica
En octubre de 2024, el gobierno anunció un portafolio de transición socio-ecológica destinado a atraer inversiones por valor de 40.000 millones de dólares para financiar proyectos de turismo de naturaleza, agricultura sostenible, energía renovable, reindustrialización con bajas emisiones de carbono, conservación y restauración de ecosistemas y adaptación al cambio climático. Se ha descrito como una hoja de ruta exhaustiva diseñada para orientar la transformación estructural del país conforme a la NDC, la estrategia a largo plazo y el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia.
Hasta la fecha, el Reino Unido, Canadá, Alemania y la UE están participando en el portafolio, que también cuenta con el apoyo a la coordinación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este portafolio podría ser un modelo a seguir para replantear las asociaciones para una transición energética justa, habida cuenta de la posición de Colombia como segundo país del mundo con mayor biodiversidad y de que la deforestación constituye la principal fuente de emisiones a nivel nacional.
El portafolio pretende movilizar fondos públicos y privados, y es probable que incluya una combinación de préstamos, donaciones y financiación en condiciones favorables. Las dificultades aquí son alcanzar el objetivo de inversión, evitar los préstamos por el alto endeudamiento de Colombia y por la “norma fiscal” de limitar su uso y encontrar la manera de desmantelar de manera progresiva las centrales de carbón y las infraestructuras mineras, además de garantizar prestaciones para los más de 100.000 trabajadores del sector del carbón.
Se espera que Colombia logre recabar 20.000 millones de dólares para 2030 entre las comunidades energéticas, el hidrógeno verde, la energía eólica marina y la movilidad eléctrica. Parece que Colombia está consiguiendo avanzar hacia sus objetivos relacionados con el clima y la transición energética.
En 2023, la deforestación cayó un 36% y el gobierno informó de que el total de las pérdidas forestales bajó de 1.235 km2 en 2022 a 792 km2 en 2023. En octubre de 2024, Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), publicó en LinkedIn un mapa de los numerosos proyectos aprobados, sobre todo, eólicos y solares, los cuales, de completarse, entrarían en marcha entre 2024 y 2032 y añadirían casi 20GW de capacidad, de modo que se duplicaría la capacidad instalada del país.
Como muestra de confianza en la transición energética de Colombia, la italiana Enel anunció en octubre de 2024 que invertiría 2.000 millones de dólares en el país durante los próximos tres años para modernizar las redes de distribución y ampliar la producción solar.
Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial
El Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial para 2024, que compara a 120 países en función de los resultados de su sistema energético actual y la capacidad de preparación con un entorno propicio, subió a Colombia hasta la 35ª posición, frente a la 39ª de 2023 y la 41ª de 2021.
En las últimas décadas, la UE y sus Estados miembros han sido socios fundamentales para Colombia en numerosas cuestiones como la consolidación de la paz, el desarrollo, la acción por el clima y la transición energética justa. La UE y Colombia también han trabajado codo con codo en las conversaciones de las Naciones Unidas sobre el clima, en especial en las negociaciones para asegurar la aprobación del Acuerdo de París. El apoyo de la UE ha sido fundamental para impulsar las agendas sobre el clima y la transición energética, en particular para la promoción de las políticas de sostenibilidad, la financiación climática y la asistencia técnica. En febrero de 2022, la UE y Colombia firmaron una Declaración conjunta sobre medio ambiente, acción por el clima y desarrollo sostenible centrada en las prioridades comunes, entre ellas la acción por el clima, la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, la disminución del riesgo de desastres, la reducción de la deforestación, la economía circular, la economía azul sostenible y la contaminación por plásticos. Asimismo, la UE respalda la decisión colombiana de optar por un desarrollo sostenible e inclusivo en la misma línea estratégica de Global Gateway. Los tres ámbitos principales de la agenda de inversión de Global Gateway en Colombia son conectividad y digitalización; clima y energía; y, por último, transporte. La UE está prestando apoyo a Colombia para la elaboración de una taxonomía de actividades económicas consideradas sostenibles desde el punto de vista ambiental y el acceso a financiación a través de la Iniciativa Mundial de Bonos Verdes. La UE también está ayudando con la gestión de aguas residuales, el desarrollo de la producción de hidrógeno verde y soluciones de energía renovable y basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático. Por lo que respecta al transporte, la UE está prestando apoyo para la extensión de la línea 2 del metro de Bogotá y la instalación de una fábrica de autobuses eléctricos en Colombia. Como complemento a estas inversiones, la UE y Colombia cooperan también para mejorar el entorno normativo, regulador y empresarial desarrollando competencias, impulsando la innovación y transfiriendo tecnologías. Colombia participa en distintos programas regionales, entre ellos Euroclima+ (cambio climático, economía circular y biodiversidad) y AL-INVEST Verde (apoyo a empresas para el crecimiento sostenible y la creación de empleo). En la COP27 de 2022, el BEI y Colombia firmaron una declaración de intenciones conjunta, en concreto a través del Ministerio de Minas y Energía, para impulsar la transición energética justa en el país sudamericano. En octubre de 2024, BEI, en colaboración con Enel y SACE (Agencia Italiana de Crédito a la Exportación), concedieron a Enel Colombia, filial del Grupo Enel, un préstamo de 300 millones de dólares para financiar el desarrollo de las redes eléctricas, la generación de energía renovable y la movilidad eléctrica en Colombia.
Emisiones de gases de efecto invernadero en Chile
La parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero que correspondió a Chile en 2016 fue de aproximadamente un 0,25%. El sector energético representa un 78% de las emisiones totales, principalmente por el uso de carbón para generación eléctrica y diésel para el transporte por tierra. El sector UTCUTS (uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura) es el único que absorbe GEI en el país. Chile anunció su segunda NDC en abril de 2020, y al año siguiente presentó su estrategia a largo plazo para conseguir la neutralidad de carbono en 2050 como muy tarde. La NDC actualizada incluye un compromiso de reducción sin condiciones del nivel absoluto de las emisiones con un objetivo de 95MtCO2eq para 2030, un techo para las emisiones en 2025 y un presupuesto de emisiones de GEI no superior a 1.100MtCO2eq para el período comprendido entre 2020 y 2030. Esta NDC se considera innovadora por incluir un pilar social que aúna compromisos de mitigación, adaptación e integración con la vista puesta en la transición justa y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Además, la NDC integra políticas climáticas y de aire limpio y contiene el compromiso de reducir las emisiones totales de carbono negro en al menos un 25% para 2030. Incorpora también un nuevo componente de integración que abarca la función de los océanos, la economía circular, los bosques, las turberas y los ecosistemas, a modo de reconocimiento de su contribución tanto a las causas como a las repercusiones del cambio climático.
En 2022, Chile aprobó una Ley Marco de Cambio Climático que consagraba como ley la NDC y las metas relativas a la neutralidad de carbono. Este texto legislativo incluye instrumentos interconectados con los compromisos a nivel mundial para garantizar su actualización cuando Chile revise su NDC y suba el listón de sus objetivos. Uno de los cambios principales es que la acción por el clima ha pasado a ser responsabilidad de los 17 ministerios nacionales, no sólo del Ministerio del Medio Ambiente, así como de las administraciones locales y el sector privado. Con esta ley se creó también el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático encargado de revisar las políticas en materia de clima, el Comité Científico Asesor de Cambio Climático con especialistas independientes que asesoran en cuanto a políticas y, por último, el Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático destinado a facilitar la participación pública y la rendición de cuentas. Por lo que respecta al sector energético, la ley incluye los siguientes objetivos: a más tardar en 2025, se retirarán o reconvertirán el 65% de las centrales a carbón; para 2030, el 80% de la electricidad producida en el país deberá ser renovable; y para 2050, el 100% de la electricidad producida deberá provenir de fuentes con cero emisiones. A todo esto, se suman los impresionantes avances en los últimos años para dejar atrás la generación eléctrica a través del carbón. En 2018, la expresidenta chilena Michelle Bachelet anunció que el país abandonaría de manera progresiva la generación de electricidad con carbón y se comprometió a dejar de construir centrales de quema de carbón salvo que contasen con tecnología de captura y almacenamiento de carbono. En 2019, Chile hizo público que colaboraría con el sector privado para cerrar las 28 centrales de manera paulatina hasta 2040. Ocho de estas centrales se cerraron entre junio de 2019 y julio de 2023, está previsto el cierre de otras siete para 2025 y otras cinco han sido seleccionadas para una posible conversión hacia el gas fósil. En el caso de las ocho restantes, aún no se ha fijado una fecha para su cierre, aparte del plazo general de 2040. Estos avances reflejan en parte el fuerte crecimiento de la energía eólica y solar. Según una actualización del Climate Action Tracker de octubre de 2024, Chile ha logrado avanzar hacia sus objetivos climáticos, como queda patente en el veloz despliegue de las renovables y en el hecho de que el plan para la eliminación progresiva del carbón se esté desarrollando con más rapidez de lo previsto. Asimismo, Chile ha ultimado su Política Nacional Minera 2050, en la que figura la neutralidad de carbono en el sector industrial para 2040. Chile también ha hecho públicas nuevas estrategias orientativas para sus planes en el ámbito climático, como son el Plan de Descarbonización del Ministerio de Energía, la Hoja de Ruta para el Avance de la Electromovilidad y el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030. Por último, Chile ha establecido unas líneas maestras para sus medidas destinadas a promover el hidrógeno verde y convertirse en uno de sus exportadores principales para 2040.
La asociación entre la UE y Chile
La UE y Chile mantienen una férrea asociación en torno a numerosos temas como el cambio climático y la transición energética justa. En las negociaciones sobre el cambio climático en el seno de las Naciones Unidas, la UE y Chile han colaborado para impulsar posiciones más ambiciosas, en particular en las negociaciones para la aprobación del Acuerdo de París y en los debates sobre pérdidas y daños durante la COP27 en 2022. Además, la UE importa alrededor del 80% de su litio de Chile. Por lo que respecta al comercio, la UE y Chile firmaron en diciembre de 2023 un Acuerdo Marco Avanzado y un Acuerdo Comercial Interino para reforzar la cooperación política e impulsar el comercio y la inversión. Estos acuerdos facilitan la cooperación entre la UE y Chile e incluyen la supresión de riesgos en las cadenas de suministro, el aseguramiento de un suministro sostenible de materias primas críticas y disposiciones para hacer frente al cambio climático. El Acuerdo Marco Avanzado contiene compromisos conjuntos para una minería sostenible y la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de energía y materias primas, además de investigación e innovación en torno a la energía verde y las materias primas sostenibles. Asimismo, la UE está apoyando a Chile para el desarrollo del hidrógeno verde a través de la Iniciativa del Equipo Europa sobre el desarrollo del hidrógeno verde en Chile. La Unión pretende contribuir a la estrategia nacional chilena sobre el hidrógeno para crear empleos verdes y generar oportunidades de negocio para las empresas chilenas y europeas.
El Fondo de Hidrógeno Renovable para Chile
Ese es el contexto en el que se creó el Fondo de Hidrógeno Renovable para Chile de Global Gateway, una iniciativa conjunta de la Comisión Europea, el BEI y el banco de desarrollo KfW de Alemania para promover el mercado del hidrógeno verde en el país sudamericano. El objetivo del Fondo es apoyar al gobierno chileno para promover una economía del hidrógeno verde que permita tanto el uso local como la exportación del hidrógeno renovable. En julio de 2023, el BEI aprobó un préstamo de 100 millones de euros para esta iniciativa. Además, con el fin de profundizar en su cooperación, la UE y Chile firmaron en julio de 2023 un memorando de entendimiento (MdE) para establecer una asociación conjunta en torno a cadenas de valor sostenibles de materias primas. Se pretende que sirva también para desarrollar una industria competitiva y sostenible para procesar las materias primas y que genere valor añadido a nivel local en el sector de la minería mediante la creación de empleo de calidad y un crecimiento económico sostenible e inclusivo que beneficie a ambas partes.
Esta sección se divide en dos partes. En primer lugar, se describen en líneas generales seis desafíos para la cooperación y para la relación entre la UE y ALC. Entre estas dificultades, se cuentan los riesgos derivados de la segunda presidencia de Trump y los conflictos y las crisis mundiales en curso. Se tienen en cuenta también los retos para la implementación de la agenda de descarbonización y competitividad de la UE y para unir fuerzas con los socios sin perder credibilidad a nivel interno. Además, hay desafíos relacionados con el despliegue de la estrategia de Global Gateway y problemas de coordinación entre las instituciones de la UE, los Estados miembros, las empresas europeas y los países de ALC. Por último, en el presente artículo se plantean las limitaciones para la influencia de la UE a raíz de las difíciles circunstancias internas de los países de ALC.
En segundo lugar, se examinan las distintas oportunidades para impulsar la cooperación entre la UE, por un lado, y Colombia o Chile, por el otro, en materia de cambio climático y transición energética justa.
La victoria electoral del presidente Trump y su intención de abandonar el Acuerdo de París socavan las iniciativas nacionales de descarbonización, intensifican la producción de combustibles fósiles y colocan a negacionistas y escépticos del cambio climático en los más altos cargos del Gobierno federal, aspectos que plantean inmensos obstáculos para la acción mundial por el clima. EEUU es el mayor emisor histórico y uno de los principales proveedores de financiación para la lucha contra el cambio climático, por lo que su salida del Acuerdo de París podría hacer mella en el proceso mundial de presentación de las NDC que se ajusten al objetivo de 1,5°C para 2025 y en la reducción de los niveles generales de financiación climática, además de enfriar los ánimos de los países desarrollados para aportar más financiación destinada a colmar la brecha.
La intención del presidente Trump de aguar las legislaciones, las políticas y las reglamentaciones ambientales y climáticas del expresidente Biden, aprovechando para incrementar la producción de combustibles fósiles, podría desbaratar las iniciativas nacionales de reducción de emisiones y sería un jarro de agua fría para el entusiasmo de la región de ALC a la hora de impulsar una transición energética limpia. Se comenta que el presidente Trump y sus aliados han elaborado un plan para desmantelar los cimientos jurídicos y científicos de la autoridad del gobierno federal para regular las cuestiones medioambientales. Pretenden dejar sin validez la conclusión a la que llegó la Agencia de Protección del Medio Ambiente durante la presidencia de Obama de que las emisiones de dióxido de carbono son perjudiciales para la salud humana, elemento que conforma los cimientos de las reglamentaciones sobre el clima.
El análisis de Carbon Brief, pese a estar sujeto a numerosas incertidumbres posibles, defiende que la segunda presidencia de Trump podría conllevar la emisión de 4.000 millones de toneladas adicionales para 2030 por parte de EEUU frente a los planes concebidos por la Administración Biden. Estos 4.000 millones de toneladas extra de dióxido de carbono equivalente (GtCO2e) hasta 2030 anularían -por partida doble- todos los ahorros procedentes del despliegue de la energía eólica, solar y otras tecnologías limpias a lo largo y ancho del planeta en los últimos cinco años. En este escenario hipotético, es muy probable que EEUU no consiguiera reducir sus emisiones conforme al compromiso de la era Biden de un recorte entre el 50% y el 52%, y la reducción quedaría en un 28% por debajo de los niveles de 2005 al final de esta década, lo que en la práctica desbarataría cualquier posibilidad de limitar el calentamiento global a 1,5°C a no ser que otros países incrementaran de manera considerable sus aspiraciones, algo que no parece muy viable en estos momentos.
Una de las arquitectas del Acuerdo de París, argumenta que, pese a que el regreso de Trump supone un paso atrás, existe una dinámica económica sólida que impulsa la transición mundial y parece improbable que otros países sigan el mismo camino de abandonar el Acuerdo de París. La experta sugiere que ha llegado el momento de que Europa consolide su liderazgo a nivel global y afirma que la transición hacia las cero emisiones netas es fundamental para la seguridad energética y la competitividad económica de Europa.
En vista de los conflictos en Oriente Medio, Ucrania y Sudán, y las crisis y la violencia en Venezuela y Haití, resulta muy preocupante la incapacidad de la comunidad internacional de cooperar para resolver estos problemas por las rivalidades geopolíticas enquistadas y las visiones del mundo contrapuestas. Habrá que ver cuáles son las repercusiones de la COP30, pero el panorama se presenta complicado en un momento en el que los conflictos se imponen a la cooperación mundial. Las negociaciones tensas y destempladas y los resultados modestos de la COP29 de Azerbaiyán en noviembre de 2024 dejan patente la volatilidad del contexto para impulsar la acción por el clima. Un canal preocupante por el que la toxicidad de estos conflictos ha calado en las agendas de la transición climática y energética, e incluso algunas voces del sur global apuntan a la hipocresía de las naciones occidentales por su resistencia a aumentar la financiación para la lucha contra el cambio climático, mientras gastan miles de millones de dólares en armas para Ucrania o parecen dar carta blanca a Israel para atacar Gaza y el Líbano, al mismo tiempo que se rasgan las vestiduras por los ataques rusos a civiles en Ucrania. Y lo más probable es que la Administración Trump complique aún más las cosas. La UE puede ver la invasión rusa de Ucrania como una amenaza existencial. Sin embargo, para algunos países del sur global preocupados por la pobreza y las desigualdades asentadas y los problemas de alimentación y energía agravados por la guerra, existe una expectativa clara de que la UE mantendrá su compromiso con una economía mundial abierta basada en normas, sin decantarse por una mentalidad aislacionista. Por último, la UE debe recordar que no puede dar por sentada la relación con Colombia ni Chile, puesto que ambos países han optado por políticas exteriores más independientes. Con el presidente Petro, Colombia está estrechando lazos con China, ha roto relaciones diplomáticas con Israel por la cuestión de Gaza y se ha mostrado interesada en sumarse al bloque de los BRICS. Mientras, en Chile, el presidente Gabriel Boric opta por una política exterior basada en la “autonomía política”, lo que significa buscar oportunidades comerciales y diplomáticas de la mano de China, EEUU, la UE y otros países como la India.
Una dificultad importante para la Comisión Europea y para los Estados miembros de la UE es conseguir poner en marcha el PVE y sus políticas conexas, evitar que se siga retrasando su aplicación e impedir que esas políticas queden diluidas.
La UE debe demostrar que la descarbonización puede ir de la mano de la promoción del crecimiento y el nivel de vida sin dejar a nadie atrás. Tal y como defiende, lo que necesita Europa es combinar la descarbonización con la competitividad para garantizar la materialización de las oportunidades de crecimiento al tiempo que se cumplen los objetivos climáticos. Por ejemplo, es urgente llevar a cabo una reforma del mercado energético europeo para obtener energía más limpia y abaratar la factura del usuario final. Además, la UE debe explicar mejor la amplitud y el alcance de su agenda a los países de ALC, amén de ayudarlos a limitar las repercusiones del PVE y el Pacto Industrial Limpio en los países asociados. La resistencia procedente de los países de ALC y las alegaciones de neocolonialismo y proteccionismo son fenómenos que se deben abordar con cautela. La UE debe comunicar mejor su agenda y prestar más atención a las voces que afirman que estaría castigando a terceros países que tienen menos responsabilidad en la crisis climática y estaría usando el objetivo de la acción por el clima para blindar su economía frente a la amenaza creciente de China, lo que podría afectar negativamente a los países de ALC.
El reto de la UE es gestionar con destreza sus prioridades en materia de descarbonización, seguridad energética y competitividad, sobre todo en el contexto de su relación con China, pero también con otros países.
Tras el aterrizaje algo abrupto de la Global Gateway en América Latina, que pilló a contrapié a algunos diplomáticos de la UE y de sus Estados miembros, hace falta superar esa cierta resistencia inicial y aprovechar al máximo los efectos de esta estrategia. Por ejemplo, en Colombia, el presidente Petro está estrechando lazos con China y ha roto relaciones diplomáticas con Israel por la cuestión de Gaza. Mientras, en Chile, el presidente Gabriel Boric opta por una política exterior basada en la “autonomía política”, lo que significa buscar oportunidades comerciales y diplomáticas de la mano de China, EEUU, la UE y otros países como la India.
