La sociedad española muestra una clara simpatía hacia la autodeterminación del Sáhara Occidental, basada en una interpretación rigurosa del derecho internacional, el peso emocional significativo de la causa saharaui y la relación a veces complicada con Marruecos. Este posicionamiento empático se ha tenido que conjugar diplomáticamente y, en gran medida, subordinar a condicionantes de primer orden: la necesidad de mantener equilibrios y vínculos cruciales en la vecindad sur, la realidad sobre el terreno y las posturas de otros actores internacionales importantes.
La retirada del territorio en el momento final de la dictadura y la conducta mantenida por España a partir del primer gobierno democrático en 1977 han tenido como guía el mal menor, considerando el entendimiento del interés nacional y las limitadas capacidades para imponer un curso alternativo al conflicto. El acercamiento a partir de 2022 a la solución que promueve Marruecos también se explica en esa misma lógica, evolucionada a la luz de los desarrollos recientes y la clara prioridad de mantener una relación funcional entre Madrid y Rabat.
El Acuerdo de Madrid: un hito en la historia del Sáhara Occidental
El 14 de noviembre de 1975 se firmó la Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental, conocida como el Acuerdo de Madrid, que marcó el fin de la administración española sobre el territorio y dio pie a la ocupación inmediata de la mayor parte del territorio por Marruecos y, en su tercio sur, por Mauritania. Este hito, que cumple 50 años, es un buen momento para reflexionar sobre la cuestión y sus desarrollos a lo largo del tiempo.
La postura española hacia el conflicto del Sáhara Occidental
La postura española hacia el conflicto del Sáhara Occidental se debe entender en varios niveles: las actitudes mayoritarias entre la población general, la visión dominante entre quienes tienen capacidad prescriptora, el parecer que impera en el aparato del Estado y la posición oficial del gobierno. Los estudios de opinión disponibles coinciden en el alto interés que suscita el tema, con tres cuartas partes de la ciudadanía afirmando tener una visión propia, que se expresa prácticamente siempre a favor de la libre determinación.
Dentro de esta opción, una sólida mayoría se decanta por la independencia, con algunas oscilaciones en el apoyo, pero también con hallazgos posteriores llamativos como preferir, en segundo lugar, que el territorio sea autónomo dentro de España antes que quedar bajo soberanía de Marruecos. Este claro apoyo se extiende a la sociedad civil organizada, a la academia y es hegemónico entre las élites político-administrativas.
La importancia del derecho internacional en la política exterior española
Existe un sentimiento de compromiso histórico con la población del Sáhara y sus duras condiciones, plasmado en forma de solidaridad ciudadana y cooperación oficial. Otro factor importante es el valor que España otorga al derecho internacional como guía deseable de política exterior, que en este caso no se plasma sólo en la conveniencia de aplicar una regla de ius cogens indefinidamente aplazada, sino también en la inconveniencia de permitir que sea Marruecos, y no las Naciones Unidas, quien defina cómo se completa la descolonización en su ámbito cercano.
La conducta de los gobiernos españoles
En contraste con este sentimiento de país, la conducta de los distintos gobiernos no se ha guiado por una política de principios, sino más bien por la definición de los intereses nacionales y la percepción de otros condicionantes externos. La principal dimensión que explica las decisiones españolas apunta a la protección de la integridad del territorio nacional. Aunque el Sáhara Occidental nunca se entendió como parte de la nación española, la preocupación por las derivadas del conflicto hacia Ceuta, Melilla y las Islas Canarias ha sido decisiva.
La importancia de la estabilidad en la vecindad sur
España es consciente de la importancia de preservar la estabilidad en su vecino inmediato y de la conveniencia de evitar tanto actos internos turbulentos como el descarrilamiento de la relación bilateral. Esto lleva a preferir gestionar las acciones hacia Marruecos con un enfoque funcionalista y mediante fórmulas de compromiso diplomático, tratando de evitar la confrontación siempre que sea posible.
La relación con Argelia y Marruecos
La amistad con Argel es también importante, pero Rabat tiene una capacidad inmensamente mayor de condicionar cuestiones de seguridad, flujos migratorios y cooperación económica. Un tercer elemento recurrente ha sido el escaso entusiasmo por el nacimiento de un nuevo Estado en el Magreb, frente a las costas canarias, extenso en superficie, poco poblado, de previsible institucionalidad débil, vulnerable a las amenazas que vienen del Sahel y dependiente en última instancia de Argelia.
La limitada capacidad de influencia de España
La frágil seguridad que vive el amplio norte de África incrementa el valor del factor de estabilidad que representa Marruecos para España. Además, España es consciente de su capacidad limitada de influencia en el devenir del contencioso a la luz de dos grandes determinantes externos: la evolución sobre el terreno y el contexto internacional de cada momento.
Aunque el Frente Polisario demostró relativa fuerza en los años 70 y 80, forzando altos el fuego con Mauritania y Marruecos, la realidad fáctica le resulta ahora cada vez más desfavorable. El panorama regional también ha estrechado el margen de España, dada la rivalidad permanente entre los dos grandes países del Magreb. Las divisiones europeas, con París siempre inclinada a apoyar a Rabat, y la evolución de la política mundial no han ayudado: primero, por la Guerra Fría y, en los últimos 20 años, por el retorno a unas relaciones internacionales más ásperas. Sólo en el breve periodo que va de 1989 a 2001, marcado por la hegemonía benevolente de Estados Unidos, hubo cierta esperanza de lograr una solución equilibrada para las partes, que pudiera además haber conciliado principios e interés nacional de España.
Cuando las potencias europeas se lanzaron al reparto de África e islas adyacentes a finales del siglo XIX, España estaba ya de vuelta de su historia imperial y sólo pudo participar en esa ocupación del continente de modo marginal y tardío, para tratar de preservar un mínimo estatus internacional. Más allá de los territorios que forman parte integral de España desde su misma fundación, se desarrolló una modesta presencia en el norte de Marruecos, en el llamado África Occidental español y en el golfo de Guinea que respondía sobre todo a propósitos simbólicos. El Sáhara Español se estableció formalmente en 1884, se delimitó en 1912 y fue declarado por las Naciones Unidas a principios de los 60 como “territorio no autónomo” pendiente de autodeterminarse.
Sin embargo, Marruecos, que acababa de poner fin al protectorado de Francia y España en 1956, comenzó a reivindicarlo como parte de un audaz plan nacionalista de expansión territorial: el “Gran Marruecos”, que también incluía Mauritania y partes de Malí y Argelia. Se desencadena así una pugna regional marcada, sobre todo, por la fuerte rivalidad entre Rabat y Argel a partir de 1962. Desde su posición central en el gobierno franquista, Luis Carrero Blanco se opuso frontalmente a que el Sáhara siguiera la suerte de Cabo Juby e Ifni, argumentando que nunca había sido marroquí y alimentando la esperanza de que, definiéndolo como provincia española, el territorio pudiera evitar la descolonización. Era un plan condenado al fracaso que sólo sirvió para retrasar, y a la postre frustrar, la estatalidad; un proceso que, en cambio, sí había culminado con éxito para Guinea Ecuatorial en 1968.
El escenario se complicó en 1973 con la aparición del Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y Río de Oro, que enseguida inició acciones violentas contra súbditos e intereses españoles en nombre de la independencia. Entre 1974 y 1975 murieron entre 10 y 15 militares en enfrentamientos con el Frente Polisario y cientos de pescadores y trabajadores en las minas de fosfatos fueron asesinados o secuestrados. La escalada de esa insurgencia, unida a la presión de las Naciones Unidas para que se ejerciese la autodeterminación, llevó en 1974 a que Madrid decidiera conceder cierto grado de autonomía y anunciar un referéndum.
La diplomacia franquista concebía como escenario ideal aplicar de modo impecable el derecho internacional, impedir el ansia anexionista de Marruecos y crear un nuevo Estado hispanófilo. El ministro de Asuntos Exteriores le dijo a su colega estadounidense que los saharauis no querían vivir bajo autoridad marroquí y que Madrid no podía dejarlos a su suerte como si fueran una “piara de camellos”. Antes de que España fuese una democracia, estaban ya definidos los tres elementos de una política exterior de principios sobre el Sáhara que resultaba a priori coherente con los intereses nacionales. Pronto se demostró que era un esbozo bien intencionado alejado del principio de realidad.
La decisión de organizar la consulta abrió una agria crisis con Rabat, que reactivó sus reclamaciones históricas y llevó el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia, lo que retrasó la celebración del referéndum, a petición de la propia Organización de las Naciones Unidas. En octubre de 1975, el tribunal reconoció ciertos vínculos jurídicos de lealtad remotos entre el sultán marroquí y algunas tribus de la zona, pero concluyó que éstos no implicaban soberanía y reafirmó el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro. Sin embargo, Hassan II interpretó sesgadamente el dictamen como un aval a sus aspiraciones e impulsó ese mismo mes la efectista Marcha Verde. Bajo apariencia de movilización civil, combinó presión política y despliegue militar en un momento de máxima debilidad española, para forzar una retirada que, pese a las reticencias de los diplomáticos, se negoció y produjo rápidamente.
El Acuerdo de Madrid, más allá de que jurídicamente no pudiera transferir la soberanía, suponía la entrega efectiva de la administración del territorio y su subsiguiente partición entre Marruecos y Mauritania. El texto incluía algunas compensaciones económicas para España en pesca y fosfatos. También había una cláusula incumplida que pedía respetar la opinión del pueblo saharaui y su asamblea tribal. El no reconocimiento del texto por parte de las Naciones Unidas lo redujo a arreglo provisional y ambiguo, que mantuvo a España como Potencia Administradora de iure, pese a la solicitud enviada el 26 de febrero de 1976 al secretario general de la ONU renunciando a serlo. Enseguida se desató un conflicto entre los nuevos ocupantes y el Frente Polisario, pero la suerte estaba echada.
Ese desenlace no puede entenderse sin atender a la delicada coyuntura española de entonces. En plena agonía del general Franco, el gobierno presidido por Carlos Arias Navarro era consciente de la imposibilidad política y militar de sostener un conflicto con un Marruecos agresivo, que estaba dispuesto a forzar la situación como había hecho hace poco con Argelia en la Guerra de las Arenas y antes, contra la misma España y Francia, en Ifni. Rabat lo había advertido, además, de forma explícita tanto a Madrid como a Washington. Las Fuerzas Armadas, incluyendo al príncipe Juan Carlos, se oponían a embarcarse en una guerra sin horizonte de victoria y también pesaba el miedo, tanto en sectores reaccionarios como aperturistas, a que un conflicto colonial postrero llevase a una ruptura institucional semejante a la ocurrida en Portugal el año antes.
La inauguración inminente del nuevo reinado, en un contexto interno muy difícil, aconsejaba desde luego evitar una confrontación militar y hacía inviable el uso de la fuerza ante la muchedumbre desarmada de la Marcha Verde. Tampoco podía esperarse apoyo popular interno, considerando que la atención estaba concentrada en la incertidumbre del fin del régimen, que el servicio militar era obligatorio y que las tropas españolas sufrían entonces ataques del Frente Polisario. A todo ello se sumaba un contexto internacional que resultó muy adverso para la suerte del Sáhara.
Aunque el Magreb no era un frente central de la Guerra Fría, Marruecos se benefició de la convergencia con EEUU y Francia, ambos interesados en mantener la influencia occidental. Washington priorizaba la estabilidad y los lazos con su aliado histórico norteafricano, mientras París buscaba preservar influencia en la región, especialmente a la luz de su enemistad con Argelia con la que acababa de perder una dolorosa guerra de independencia. El bloque soviético, por su parte, adoptó una postura pasiva. Pese a la cercanía ideológica de Argelia al campo socialista, Moscú evitó un enfrentamiento directo con Rabat, en parte gracias a la habilidad diplomática marroquí. En diciembre de 1975, la mayoría de los países del Pacto de Varsovia se abstuvieron en las votaciones de las Naciones Unidas, reflejando una neutralidad que, de facto, favoreció los intereses de Marruecos.
Por lo demás, España no tenía incentivos ni base internacional para aguantar la presión. No pertenecía ni a la Organización del Tratado del Atlántico Norte ni a las Comunidades Europeas, estaba aislada diplomáticamente por las últimas ejecuciones del franquismo, la ONU le instaba a una descolonización que ya llegaba tarde y sus dos principales referentes de política exterior en África querían evitar que el Sáhara se convirtiese en un nuevo Estado potencialmente frágil. Argelia, que sí apoyaba abiertamente la autodeterminación, era un actor muy poco fiable, como se demostró enseguida cuando se dispuso a alentar el independentismo en Canarias o proporcionar refugio y entrenamiento a miembros de ETA hasta los años 80.
Volviendo la vista atrás a esa constelación endiablada de factores es difícil afirmar que hubiera un curso de acción alternativo preferible al que finalmente se recorrió. Salvo contadas excepciones, se ha juzgado con demasiada dureza aquella retirada. Es verdad que nunca puede ser un episodio brillante haber incumplido una responsabilidad con la comunidad internacional y con una población, en teoría considerada compatriota, a la que no se fue capaz de guiar hasta la libre determinación. Pero, siendo imposible la celebración de un referéndum bajo auspicios españoles, se optó en ese momento por el mal menor de evitar una guerra y proteger los intereses nacionales prioritarios.
También está extendida en España otra idea singularmente autocrítica: que el empantanamiento actual del conflicto muestra que el país sería el último y el peor de los países occidentales en poner fin a sus ambiciones coloniales. Sin duda, se debería de haber impulsado antes la autodeterminación del Sáhara. Pero España no es un caso único en procesos descolonizadores tardíos y mal llevados a cabo. El abandono portugués de Timor, mientras Indonesia se disponía a invadirlo, fue simultáneo y muy similar. También por aquel entonces, el Estado segregacionista de Rhodesia cumplía 10 años de independencia unilateral en la actual Zimbabue, sin que Londres hubiese podido evitarlo. Es más, en noviembre de 1975, el Reino Unido, Francia y EEUU mantenían todavía una quincena de colonias que hoy son Estados independientes.
La posición española sobre el Sáhara Occidental entre 1977 y 2022, pese a haberse sucedido gobiernos de tres colores políticos distintos, muestra mucha más continuidad que cambios. La configuración de una política exterior democrática, con partidos y una opinión pública que apoyan la causa del Sáhara como postura de principio, llevó a fijar un relato consensuado de respeto a la legalidad internacional a través de la defensa de “una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de Naciones Unidas”. La fórmula era, no obstante, suficientemente ambigua y la incomodidad que pudiera causar a Rabat se amortiguaba por un discurso añadido de neutralidad estricta sobre el estatus definitivo del territorio, que también era funcional para acercarse a Argelia.
Los crecientes intercambios económicos entre España y ambos países del Magreb van ayudando a esa línea de equilibrio pragmático, aunque poco a poco se hizo evidente que Marruecos tenía más resortes para condicionar el devenir de la cuestión. Al inicio del periodo, en plena Transición, la relación con Rabat era muy mejorable, dado el recuerdo cercano de la retirada traumática del Sáhara y las permanentes crisis pesqueras. Y todavía era mayor la distancia con Argel, que apoyaba por entonces a grupos terroristas operando en España y se lanzó a promocionar la autodeterminación canaria en la Organización para la Unidad Africana, en parte como represalia por la entrega de la antigua colonia a Marruecos.
Va a ser a mitad de los 80, coincidiendo con la normalización definitiva de las relaciones exteriores de España y la adhesión a las Comunidades Europeas, cuando se impulsa el enfoque global que caracterizará desde entonces la relación con el principal vecino del sur. Una política definida por el gobierno de Felipe González tendente a alimentar interdependencias entre ambos países, a partir de la gráfica idea del “colchón de intereses” compartidos, que funcionaría a modo de amortiguador de las tensiones, y cuya fórmula también fue extensible a Argelia, cuando abandonó sus veleidades desestabilizadoras y pasó a ser un proveedor energético clave.
Los lazos con Marruecos se solemnizan en el Tratado de Amistad de 1991, que basaba la buena vecindad sobre la cooperación funcional e institucionalizaba el diálogo periódico, favoreciendo que el contencioso del Sáhara quedase así relativamente encapsulado. A partir de ahí, la relación bilateral va a sufrir vaivenes, más de estilo que de fondo, pero la posición española hacia el conflicto en la práctica, retórica y neutral se mantiene invariable. Así fue también con José María Aznar, pese a su nítido distanciamiento de Marruecos y la crisis del islote de Perejil, que evidenció que la supuesta amistad era mucho menos estructural de lo pensado y que Rabat seguía dispuesta a recurrir a acciones de presión. En todo caso, José Luis Rodríguez Zapatero restauró el buen tono del vínculo y Mariano Rajoy lo estabilizó bajo una lógica eminentemente funcional orientada a cooperar y evitar la confrontación directa.
En estos años, los intercambios económicos y la integración en cadenas de valor conjuntas con Marruecos han aumentado de forma muy considerable. El comercio bilateral supera los 22.500 millones anuales de euros, situando a España como primer socio comercial, con un importante superávit y una fuerte inversión de empresas españolas. España, aprovechando su posición de Estado miembro importante de la Unión Europea, ha dedicado capital político a promover a Marruecos como socio preferente de Bruselas. La cooperación económica se ha ido luego ampliando a otros ámbitos de preferencias convergentes, como la lucha contra el terrorismo y el control de flujos irregulares de personas. También se ha multiplicado la relación interpersonal y el número de residentes marroquíes en España se acerca ya al millón. En definitiva, la estabilidad del vecino del sur y de la relación bilateral con él se convirtió en interés nacional prioritario.
Mientras tanto, los hechos y el contexto internacional fueron consolidando la posición marroquí, sobre todo a partir del cambio de siglo. En los 15 años de guerra que siguieron a la retirada española, el Frente Polisario se había anotado algunos éxitos, forzando a Mauritania a renunciar en 1979 a sus pretensiones sobre el territorio y logrando en 1991 un alto el fuego con Marruecos, auspiciado por la ONU, que incluía la creación de una misión para organizar un referéndum: MINURSO. A final de los 90, en el momento de auge del multilateralismo que siguió al fin de la Guerra Fría, se instaló incluso la pequeña esperanza de llegar a una solución impulsada por las Naciones Unidas. De hecho, se logró en Timor Oriental -un conflicto similar que parecía todavía más intratable- pero, en el caso del Sáhara, fracasaron sendos planes de James Baker.
El enviado especial de las Naciones Unidas había sido nada menos que hombre fuerte de Ronald Reagan y George Bush, como jefe de gabinete de la Casa Blanca y secretario de Estado de EEUU. Baker propuso primero (2001) una fórmula de autonomía bajo soberanía marroquí, que fue rechazada de plano por el Frente Polisario, al que le parece que la independencia es la única solución legítima. Su segundo plan (2003) preveía una autonomía transitoria de cinco años seguida de un referéndum de independencia y fue en cambio rechazado por Marruecos, que sostiene que la consulta es inviable debido al carácter nómada de parte de la población y a la supuesta imposibilidad de un censo fiable.
El statu quo desde entonces ha venido marcado por la falta de avances en la autodeterminación, el control de facto que ejerce Marruecos sobre la mayor parte del territorio -que incluye la antigua parte asignada a Mauritania y está delimitado por un muro defensivo de casi 3.000 km- y la progresiva llegada de colonos marroquíes que van alterando la composición demográfica original. A lo anterior se une la precariedad prolongada de casi el 40% de los saharauis, desplazados al suroeste de Argelia, en los campamentos de refugiados de Tinduf. Una realidad sobre la que el tiempo opera en contra. Internacionalmente, se instaló la idea de conflicto congelado. En el plano regional, Argelia y Marruecos mantenían su rivalidad estructural, con la frontera cerrada desde 1994, y el resultante bloqueo de cualquier avance en sus relaciones. En la UE se produjo algún avance institucional favorable a la causa del Sáhara, aunque acotado al Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia. Los límites estructurales de la política exterior europea impidieron que eso se tradujera en impactos efectivos, sobre todo considerando la abierta inclinación de Francia, que decidió apoyar oficialmente el inconcreto plan de autonomía presentado por Marruecos en 2007. EEUU también mantuvo su habitual respaldo a Marruecos, que fue elevado en 2004 a la categoría de aliado estratégico. Incluso en las Naciones Unidas, el Frente Polisario fue perdiendo apoyos: en 1979, el Comité de Descolonización de la ONU había aprobado una resolución que instaba a Marruecos a poner fin a su “ocupación” del territorio, con 83 votos a favor, 43 abstenciones y sólo cinco en contra, reflejo del respaldo que entonces mantenía la causa saharaui. Veinticinco años después, en la votación de la Asamblea General de 2004, apenas 50 Estados respaldaron ese derecho, frente a un centenar de abstenciones o ausencias, evidencia de la creciente indiferencia global hacia el conflicto.
La posición española sobre el Sáhara entre 1977 y 2022
Dada esa combinación de factores entre panorama internacional, realidad sobre el terreno e intereses trascendentales de cooperación con los dos vecinos del Magreb -muy en particular, con Marruecos-, la posición española sobre el Sáhara entre 1977 y 2022 se mantuvo invariable en la línea del mal menor. Con muy escaso margen para llevar por otro curso el conflicto, se optó por una retórica normativa conciliadora y una línea de actuación pragmática. Se ponía formalmente en el centro a las Naciones Unidas, para satisfacer los valores mayoritarios de la sociedad, pero absteniéndose de tomar posiciones de fondo que comprometieran su estrechísima relación con Rabat y la cooperación energética con Argel.
La nueva fase del conflicto del Sáhara Occidental
En los últimos cinco años, el conflicto del Sáhara Occidental ha entrado en una nueva fase marcada por la consolidación internacional de la posición marroquí. El punto de inflexión se produjo en diciembre de 2020, cuando la Administración de Donald Trump reconoció la soberanía de Rabat sobre el territorio en el marco de los Acuerdos de Abraham; es decir, a cambio de la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel. Aquella decisión -no rectificada luego por la Administración Biden– alteró de manera decisiva el ya de por sí erosionado equilibrio previo y reforzó la percepción de que el statu quo era irreversible. En este contexto, el Frente Polisario declaró el fin del alto el fuego en vigor desde 1991 y reanudó las hostilidades, reflejo de la frustración ante el estancamiento político y del creciente control marroquí sobre el territorio. La guerra se reactivó de forma limitada, casi simbólica, mientras la ONU constataba de nuevo su incapacidad de mediación. Su nuevo enviado especial, el ítalo-sueco Staffan de Mistura, comprobó que todas las partes rechazaban su postrero plan de partición, que ofrecía la integración de dos tercios del territorio en Marruecos y la creación de un Estado saharaui en la parte sur, asignada a Mauritania en 1976.
La decisión de España en marzo de 2022
En marzo de 2022, España alteró su posición tradicional. El presidente del gobierno expresó en una carta a Mohammed VI que consideraba el plan marroquí de autonomía de 2007 como “la propuesta más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. Con ello, Madrid abandonaba su neutralidad formal y se acercaba, al menos parcialmente, a la posición defendida por París y Washington. La decisión fue presentada como un modo pragmático de avanzar en el futuro del Sáhara y, sobre todo, de abrir una etapa más estable en la relación bilateral, marcada entonces por la grave crisis migratoria de mayo de 2021. En efecto, detrás de ese movimiento pesó sobre todo la creciente agresividad de Marruecos, que no aceptaba que España no siguiera el camino ya emprendido por EEUU y Francia en relación con el Sáhara. Y, para lograr que cediera, estaba muy dispuesta a forzar su capacidad de presión en ámbitos muy sensibles para la seguridad nacional: control de los flujos migratorios, delimitación marítima, presiones sobre Ceuta y Melilla, cooperación antiterrorista y ciberseguridad, con el caso Pegasus como principal exponente.
El paso entrañaba desde luego importantes riesgos: en el interior, considerando el clima de polarización y la sensibilidad social dominante, iba a generar el rechazo tanto de la oposición como de los socios menores de coalición y buena parte de su propio electorado. En el plano exterior, se perdía cierto ascendente de autoridad, por otro lado, de dudosa utilidad en los 45 años previos, conectado a haber mantenido hasta ahora una posición normativa e imparcial sobre el conflicto. Además, el movimiento rompía con la asentada expresión de equilibrio entre Argel y Rabat, lo que llevó a represalias argelinas con impacto negativo, sobre todo en el plano energético. Además, y seguramente más peligroso, se podía alimentar en Rabat la tentación de seguir usando en el futuro estas estrategias de coerción híbrida, donde no se usa la fuerza militar, pero sí instrumentos que golpean vulnerabilidades de seguridad como inmigración descontrolada o la interrupción de la cooperación en materia antiterrorista o de narcotráfico.
La postura del gobierno
El gobierno era consciente de esos inconvenientes, pero entendió, ponderando intereses nacionales y margen de actuación disponible, que la prioridad había pasado a ser reducir la peligrosa tensión con el vecino inmediato y recomponer la relación deteriorada. En todo caso, y aunque Marruecos querría considerar que España ya ha hecho una concesión definitiva de soberanía similar a la de Trump, lo cierto es que la nueva postura sigue apelando a la autodeterminación, aunque aconsejando ahora que no se plasme en independencia; una línea similar a la ya dada por Francia hace casi 20 años y que, después de España, adoptaron también Alemania, el Reino Unido y Portugal.
La evolución internacional
Esa evolución posterior -culminada en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de octubre de 2025 que también respalda de forma implícita las posiciones de Rabat- viene a confirmar una tendencia internacional abrumadora a favor de la solución de la autonomía, que incluye a los cinco miembros permanentes y a toda la UE. Con sólo 45 países que hoy reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática -frente a los más de 160 que reconocen, por ejemplo, a Palestina-, el Sáhara Occidental ha quedado relegado a un segundo plano en la agenda internacional.
La postura del futuro gobierno
En definitiva, siendo innegable que se produjo ese giro en la posición española sobre el Sáhara que abandonaba la tradicional imparcialidad oficial, hay también un núcleo invariable en 50 años: la conjugación, y en su caso la subordinación, de las preferencias difusas de la sociedad a las exigencias concretas, cuando no inmediatas, de una relación bilateral complejísima. Un pragmatismo reforzado por un contexto internacional y una realidad fáctica que en los últimos cinco años ha evolucionado reduciendo al mínimo cualquier margen realista de una independencia saharaui. Por eso es previsible que un futuro gobierno del PP, pese a su actual discurso de tensión con Marruecos, no altere el fondo de la postura adoptada en 2022.
