La Agenda Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) enfrenta desafíos significativos 25 años después de su implementación. A pesar de los avances normativos, su efectividad está amenazada por un panorama global fragmentado y en constante cambio. Los principales desafíos incluyen:
1. Aumento de conflictos armados: La frecuencia y complejidad de los conflictos armados han aumentado, complicando la implementación de la Agenda. 2. Movimientos anti-género: El surgimiento de movimientos anti-género en diversas regiones ha erosionado los derechos de las mujeres. 3. Divisiones geopolíticas: Las divisiones geopolíticas dificultan la priorización de soluciones integrales para los conflictos. 4. Crisis de financiación: La Agenda MPS enfrenta una crisis de financiación, lo que limita su implementación efectiva. 5. Crisis del multilateralismo: El debilitamiento del sistema multilateral ha afectado la cohesión normativa de la Agenda. 6. Reducción de la representación femenina: La participación de mujeres como negociadoras y mediadoras ha disminuido. 7. Instrumentalización de la Agenda: La Agenda MPS a menudo se utiliza con fines geopolíticos, lo que socava su coherencia normativa y potencial transformador.
Medidas para revitalizar la Agenda
Para revitalizar la Agenda en este nuevo contexto, se sugieren las siguientes medidas:
1. Reconceptualizar la seguridad: Colocar la Agenda MPS en el centro de una visión de seguridad del siglo XXI que va más allá de la defensa y prioriza la prevención de conflictos. 2. Garantizar el cumplimiento: Reforzar el papel de los países comprometidos con la Agenda, asegurando que cumplan con sus compromisos de manera efectiva. 3. Incorporar necesidades locales: Ampliar las necesidades de seguridad definidas a nivel local y proteger a las comunidades. 4. Fomentar la mediación inclusiva: Reconocer la diversidad de tradiciones y actores en los procesos de mediación. 5. Proteger la integridad de la Agenda: Evitar la instrumentalización política y promover su aplicación coherente. 6. Invertir en infraestructuras: Crear espacios y fondos para que redes de mujeres y organizaciones de base influyan en las agendas de paz. 7. Fortalecer la rendición de cuentas: Incluir la voz de la sociedad civil en la supervisión de los planes de acción nacionales e internacionales. 8. Repolitizar la Agenda: Reconocer y afrontar las dinámicas de poder en los procesos de paz, considerando la inclusión de las mujeres como una exigencia política. 9. Reconocer el liderazgo femenino: Destacar el papel político de las mujeres en la resiliencia, prevención de conflictos, mediación y gobernanza posconflicto. 10. Integrar la Agenda en la seguridad y defensa: Incorporar los principios de la Agenda en las políticas estratégicas de seguridad y defensa.
La Agenda MPS debe evolucionar para adaptarse al nuevo entorno global. Esto implica actualizar sus principios, entender los contextos locales y traducir la Agenda en prácticas concretas. La participación de las mujeres en los procesos de paz ha disminuido significativamente en los últimos años.
Según datos de la Escola de Cultura de Pau, en 2022, las mujeres participaron como negociadoras o delegadas en solo cuatro de las cinco negociaciones de paz lideradas por las Naciones Unidas, con una representación del 16%. En procesos donde la ONU no tenía un papel de liderazgo, la participación femenina era aún menor. Además, la proporción de mujeres en roles de negociación, mediación y firma de acuerdos de paz ha disminuido.
La crisis del orden liberal y la fragmentación geopolítica han afectado negativamente las agendas de igualdad de género. Estos impactos contribuyen a un momento de transición en el orden global, más refractario a las agendas que pretenden actuar sobre las raíces de la desigualdad estructural.
La participación de las mujeres en los procesos de paz no ha dejado de descender en los últimos años. Según recoge la Escola de Cultura de Pau en su informe 2024, en el año 2022 las mujeres participaron como negociadoras o delegadas de las partes en conflicto en cuatro de las cinco negociaciones de paz que estaban lideradas por las Naciones Unidas. El porcentaje de representación de mujeres en las delegaciones negociadoras en que había mujeres era del 16%, lo que representaba un descenso en comparación con el 19% de 2021 y el 23% de 2020.
La participación en procesos de paz en los que la ONU no desempeñaba un papel de liderazgo era todavía menor. El informe del secretario general de las Naciones Unidas de 2024 señala que, tras analizar más de 50 procesos en 2023, de media, las mujeres sólo constituían el 9,6% de los negociadores, el 13,7% de los mediadores y el 26,6% de los firmantes de acuerdos de paz y alto el fuego. Además, en el caso de las signatarias de acuerdos, esta proporción se reduce al 1,5% si se excluyen los acuerdos de Colombia.
La arquitectura normativa e institucional consolidada en las últimas dos décadas y media debería contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en cualquier iniciativa de paz y de seguridad. Sin embargo, resulta claramente insuficiente para impulsar la Agenda en el contexto actual.
En el lado de los progresos, cabe destacar el conjunto de países que, en los últimos años, han adoptado una política exterior feminista, en cuyo marco la Agenda MPS tiene una clara centralidad. No obstante, si las políticas exteriores feministas no impulsan, con compromisos específicos y consistentes, la aplicación, eficacia e impacto de la Agenda, yendo más allá de la retórica, podrían contribuir a las narrativas actuales que cuestionan su relevancia.
El concepto de protección ha evolucionado significativamente en la era de la paz liberal, donde se refería a salvaguardar a las mujeres de la violencia de género, especialmente violencia sexual, en contextos de guerra, desplazamiento y posconflicto. Sin embargo, los conflictos contemporáneos, como la guerra en Ucrania, han ampliado esta noción. Ahora, la protección incluye la defensa colectiva de civiles contra bombardeos aéreos, ocupaciones y otras formas de violencia indiscriminada. Actores de la sociedad civil ucraniana junto con las autoridades están redefiniendo lo que implica la protección en el terreno, desafiando supuestos anteriores y buscando nuevos marcos para entender la seguridad de género en tiempos de guerra.
La creciente presencia de actores mediadores no occidentales en los procesos de paz ha diversificado las formas en que se aborda el género. Mientras la mediación encabezada por las Naciones Unidas y las organizaciones regionales ha adoptado perspectivas desde el feminismo liberal, otros procesos se inscriben en tradiciones de feminismo estatal o emplean marcos culturales, jurídicos y políticos alternativos. En determinados contextos, el término “género” es rechazado explícitamente, mientras el concepto de derechos de las mujeres resulta más aceptable y menos polémico. Esta diversidad de aproximaciones subraya la necesidad de adoptar enfoques flexibles y la comprensión del contexto social en la aplicación de los principios de la Agenda MPS.
La arquitectura de los procesos de paz ha sufrido transformaciones significativas. El modelo lineal teórico -que comprende prenegociación, negociación, acuerdo aplicación- rara vez se concreta en la práctica. Los entornos de mediación de hoy están más fragmentados, a menudo incluyen múltiples vías paralelas, una proliferación de actores y objetivos políticos competitivos. Estos procesos se complican aún más por relaciones de poder asimétricas, intervenciones regionales y exclusiones estratégicas. Dentro de este terreno fragmentado, la inclusión ya no opera únicamente como un objetivo normativo, sino como una práctica política evaluada y cuestionada.
La participación de las mujeres y de grupos tradicionalmente discriminados no sólo “agrega” valor a los procesos de paz, sino que los transforma. A medida que las demandas de inclusión se hacen sentir, especialmente por parte de la sociedad civil y organizaciones de base, a menudo chocan con la naturaleza cerrada y confidencial de las negociaciones de alto nivel. Estas tensiones revelan un conflicto más amplio entre acuerdos impulsados por las élites y los llamados acuerdos populares en términos de transparencia y legitimidad. La mediación ya no trata únicamente de alcanzar alianzas; también implica gestionar la política de la visibilidad, la representación y el acceso a las negociaciones.
La proliferación de actores mediadores -incluidos Estados, organizaciones regionales e intermediarios informales- ha dado lugar a nuevas formas de “control de acceso”. Estos actores pueden moldear no sólo la agenda de las conversaciones, sino también determinar quién participa y qué temas se consideran negociables. En consecuencia, la inclusión se politiza y las disposiciones de género pueden quedar al margen o ser instrumentalizadas según los intereses estratégicos de los mediadores.
La Agenda MPS ha madurado hasta convertirse en un campo de políticas multidimensional, marcado por la adaptación y la innovación, así como por contradicciones. Si bien ha generado compromisos normativos e institucionales valiosos, también se ha convertido en un terreno de lucha ideológica. Diferentes actores dentro del ecosistema de la Agenda MPS promueven enfoques divergentes: unos enfatizan la paz feminista y desmilitarizada, mientras otros promueven la integración de las mujeres en las estructuras militares y de seguridad existentes. Esta divergencia refleja debates más amplios sobre la naturaleza de la paz y el significado de la justicia de género.
Las narrativas comunes oscilan entre presentar a las mujeres como víctimas de violencia sexual y como agentes de paz y reconciliación. Esta dualidad corre el riesgo de reproducir una lógica problemática: las mujeres deben primero ser “salvadas” para luego actuar como “salvadoras”. En muchos foros internacionales, el trauma de las mujeres se presenta como un reclamo de reconocimiento e intervención, pero su agenda política suele verse restringida por los mismos marcos que pretenden empoderarlas.
Las víctimas también son sobrevivientes y las sobrevivientes frecuentemente emergen como actores políticos, liderando movimientos, moldeando el discurso y exigiendo formas más justas de paz.
La geografía de la aplicación de la Agenda MPS refleja jerarquías globales persistentes. En muchos países del norte global, los Planes Nacionales de Acción se orientan a la acción externa -vinculando el género a la política exterior, la ayuda al desarrollo y la asistencia en materia de seguridad-, mientras que las regiones en conflicto se designan como espacios principales de implementación. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha interrumpido esta dicotomía, convirtiendo la Agenda MPS en una preocupación directa de las políticas de seguridad domésticas y regional en Europa.
En este contexto, las feministas de Europa central y oriental están redefiniendo las nociones de seguridad y protección, y subrayando que las mujeres ucranianas no son simplemente receptoras pasivas de protección; son actores centrales que están dando forma a los debates sobre seguridad y a las respuestas políticas en la región.
Estas feministas están abriendo el debate sobre la defensa como una noción de protección. Han advertido que los enfoques de la Agenda MPS son insuficientes o no logran abordar la multiplicidad de inseguridades de género, tanto domésticas como regionales, relacionadas con la agresión rusa. Los enfoques desarrollados desde la región, que cuestionan activamente los supuestos (y liderazgos) liberales y occidentales de la Agenda, y los recontextualizan en el marco de las políticas anti género prevalecientes en Europa central y oriental, constituyen un desafío a la tradicional división norte-sur que ha estructurado históricamente el discurso de la Agenda.
Un marco dinámico para la paz
La Agenda MPS debe ser vista como un marco dinámico y efectivo para lograr una paz más sostenible e inclusiva. Reconociendo que las barreras estructurales de la desigualdad de género son el principal obstáculo para lograr progresos en esta Agenda, las medidas propuestas también aspiran a cerrar brechas y a promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
