La administración Trump implementó reformas educativas sin precedentes, reduciendo la vigilancia sobre prácticas locales y la aplicación de la ley de discapacidad en escuelas públicas, lo que ha generado desafíos judiciales de grupos de derechos civiles, sindicatos y entidades educativas.
La administración Trump persigue una agenda de aranceles, eliminación de regulaciones y acciones ejecutivas, operas en múltiples frentes. Organizaciones rastreadoras aseguran a la administración sobre comercio, regulación, medio ambiente e inmigración, incluyendo litigios, órdenes ejecutivas y progreso de objetivos.
El gobierno de Trump y Biden han acordado cinco puntos clave sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA), reconociendo la necesidad de regular su uso y adquisición por parte del gobierno federal. Los puntos incluyen la identificación de sistemas de IA de alto impacto, la creación de estructuras de gobierno y reporte, la prohibición de uso sin protecciones activas, prácticas mínimas para estos sistemas y la transparencia en su uso.
Las modificaciones al ESLR buscan reducir los requisitos de capital bancario, permitiendo a grandes bancos operar más con bonos del Tesoro, mientras se aumentan los requisitos de capital ponderados por riesgo para bancos sistémicamente importantes.
