El concepto de transición justa surgió como respuesta a los problemas socioeconómicos derivados de las políticas medioambientales que afectaban especialmente a comunidades y sectores dependientes de los combustibles fósiles. Sus orígenes se remontan a la década de 1970 y, más adelante, al movimiento sindical de la década de 1990 en EEUU. El concepto adquirió una gran importancia en las negociaciones internacionales sobre el clima durante la COP13 de Bali (2007). En esa conferencia, los sindicatos hicieron pública una declaración en la que hicieron hincapié en la necesidad de abordar las necesidades específicas de las regiones más afectadas por las políticas de descarbonización. Así, los sindicatos exhortaron a dar prioridad a la justicia, los derechos humanos y la protección social, así como a garantizar el upskilling (enseñar a los trabajadores nuevas competencias) y el reskilling (el reciclaje profesional para la adaptación de los trabajadores a nuevas tareas).
Desarrollo de iniciativas de transición justa a nivel mundial
A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tuvo un papel esencial en el desarrollo de iniciativas de transición justa con sus “Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos” de 2015, en las que se enfatizaba el diálogo social y la armonización de las políticas medioambientales, sociales y laborales. Según la OIT, “una transición justa significa hacer que la economía sea lo más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”.
Por lo que respecta a las negociaciones internacionales sobre el clima, el Acuerdo de París reconoce la necesidad de contar con políticas que protejan a trabajadores y comunidades durante la transición verde, y desde su adopción han tenido lugar numerosas declaraciones, asociaciones y llamamientos a la acción. Dentro de la UE, el Pacto Verde Europeo (2019) recalcó la importancia de las estrategias de transición justa como motor principal para alcanzar la neutralidad climática para 2050. El Mecanismo para una Transición Justa (MTJ) de la UE proporciona apoyo financiero para reducir las repercusiones de la transición hacia las cero emisiones netas.
Para acceder a la ayuda financiera de cualquiera de los tres pilares de financiación del MTJ, se exige a los Estados miembros que presenten planes territoriales de transición justa con medidas adaptadas a los retos regionales específicos que reflejen sus propias necesidades en materia de desarrollo. Aparte del MTJ, la UE ha puesto en marcha varios instrumentos de financiación para apoyar iniciativas de transición justa: El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), destinado a reducir las disparidades económicas y territoriales y a fomentar una economía más ecológica y social. El Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que financia programas de upskilling y reskilling. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que incluye inversiones en proyectos medioambientales, sociales y digitales.
España es el único Estado miembro que incorporó un componente específico de transición justa (Componente 10) en su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. El Fondo Social para el Clima (FSC), elaborado junto al ETS 2 para prestar apoyo a los grupos vulnerables (que sufren pobreza energética y de transporte) que se verán más afectados por la ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión (ETS) para abarcar a la pequeña industria, la calefacción y el transporte. Los proyectos que se financiarán a través del FSC quedarán incluidos en los planes sociales para el clima que los Estados miembros deberán presentar a la Comisión Europea hasta junio de 2025. El FSC movilizará 86.700 millones de euros entre 2026 y 2032 y está destinado a respaldar proyectos de eficiencia energética, energías renovables y movilidad con bajas emisiones, además de proporcionar ingresos directos a ciudadanos vulnerables durante un plazo determinado.
La Comisión Europea ha apoyado a los Estados miembros en el desarrollo de sus planes sociales para el clima y ha formulado recomendaciones para fomentar la eficacia de las inversiones y la participación pública, siendo la participación ciudadana (tanto en la fase de planificación como en la de ejecución de los planes sociales para el clima) fundamental para garantizar una transición justa socialmente aceptable. Los fondos se desembolsarán cuando se cumplan los objetivos y los hitos correspondientes. El FSC lo financiarán los Estados miembros (25%) mediante la subasta de derechos del régimen de comercio de derechos de emisión europeo (donde se incluyen los sectores del transporte y la construcción en el ETS2), y también con 50 millones de derechos del ETS actual.
A pesar de los avances logrados, la integración de los principios de la transición justa en el Pacto Verde Europeo (PVE) ha sido dispar, incluso con algunas políticas que hacen mención a los objetivos de transición justa sin aportar orientaciones adicionales. Cabe esperar que iniciativas como el FTJ y el FSC ayuden a lidiar con los efectos sociales regresivos de las políticas de descarbonización. La aprobación de un marco regido por el principio de no dejar a nadie atrás podría integrar mejor la dimensión social dentro del Pacto Verde Europeo y, posiblemente, en el Pacto Industrial Limpio (Green Industrial Deal). Además, hace falta mejorar los marcos de transición justa para cumplir con los objetivos climáticos crecientemente ambiciosos, sobre todo en caso de que la UE apruebe una reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2040.
La ciudadanía española percibe el cambio climático como la segunda amenaza más importante para el mundo (después de los conflictos armados). La abundancia de recursos renovables y el know-how tecnológico han permitido que la transición energética de España haya logrado rápidos avances, en especial por lo que respecta al despliegue de las energías renovables y la retirada progresiva del carbón. La proporción del carbón en el mix eléctrico cayó del 14,3% de 2018 al 2,8% en 2022, reduciendo las emisiones de GEI derivadas de la generación energética mediante la quema de carbón en casi un 80%, según el Instituto para la Transición Justa (2023). Sin embargo, los objetivos cada vez más ambiciosos de las políticas climáticas, otras preocupaciones acuciantes y la capacidad limitada para prestar atención a dichas preocupaciones puede obstaculizar tanto la aceleración de la acción climática como su aceptación pública. Algunas regiones se están oponiendo o están retrasando la implantación de políticas climáticas y de despliegue de las renovables.
Políticas e instrumentos sobre transición justa
Para abordar las repercusiones socioeconómicas de la acción climática, España ha puesto en marcha numerosas políticas e instrumentos sobre transición justa. España aprobó en 2019 su Marco Estratégico de Energía y Clima. Dentro de ese marco, tanto el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética hacen referencia a la transición justa. Asimismo, el Marco Estratégico de Energía y Clima de España desarrolló la primera Estrategia de Transición Justa, que se actualizará en 2025. Concretamente, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021) española, que contempla como objetivo la neutralidad climática para 2050, incluye la transición justa en el Título VI (artículos 27-29). Además, ordena el desarrollo de estrategias de transición justa (ETJ) y convenios de transición justa (CTJ) como mecanismos de ejecución de la estrategia. Los CTJ incluyen la participación de las administraciones descentralizadas (es decir, los gobiernos regionales) y de las partes interesadas en la eliminación progresiva de del carbón y de la energía nuclear en España. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ha sido actualizado recientemente para el período 2023-2030. El PNIEC incluye la medida 1.25 que hace referencia a la Estrategia de Transición Justa, el Instituto para la Transición Justa y un plan de acción urgente para las regiones mineras, las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares, además de pedir que las medidas y los instrumentos empleados para la ampliación tengan en cuenta la perspectiva de género.
Estrategia de Transición Justa de España
La Estrategia de Transición Justa de España está alineada con las directrices para una transición justa de la OIT y con el Acuerdo de París. El propósito de la ETJ es garantizar que los objetivos climáticos acordados de manera colectiva no dejen atrás a ninguna región, sector ni comunidad, ayudando posiblemente a reducir la oposición a las políticas sobre el clima. Esta primera Estrategia de Transición Justa fue diseñada para gestionar las repercusiones de la descarbonización para las regiones y personas cuyos medios de vida dependen de actividades que se eliminarán de manera progresiva a lo largo de la transición. Con su Estrategia de Transición Justa, España pretende dar apoyo a las regiones y personas más vulnerables, garantizar que los beneficios derivados de la transición se repartan de forma justa y aumentar la participación pública y la interacción con las partes interesadas. Las Estrategias de Transición Justa son planes quinquenales con medidas y objetivos específicos. Se ha afirmado que la ETJ de España, posiblemente una de las más avanzadas a nivel internacional, facilita un proceso de transición continua y escalable. La estrategia se centra en la creación de empleo, el reciclaje y el perfeccionamiento profesional (upskilling y reskilling), la promoción de la diversificación económica mediante recursos locales y el apoyo a grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, poblaciones rurales y comunidades tradicionalmente marginadas.
Instituciones clave
Una institución clave del marco de gobernanza de España para la transición justa es el Instituto para la Transición Justa (ITJ), creado en 2020 y dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Sus orígenes se remontan a la respuesta de España a las reglamentaciones de la UE sobre ayudas estatales a la industria del carbón. Tras finalizar el tratado de la CECA, la minería del carbón se desarrolla bajo el Reglamento (CE) nº 1407/2002 del Consejo sobre ayudas estatales al carbón y los marcos reglamentarios subsiguientes de la UE. La Decisión 2010/787/EU declaró que recibir ayuda de los Estados miembros para subsanar las pérdidas de producción se consideraría compatible con el mercado interno siempre que las minas de carbón subvencionadas se acogiesen a un plan de cierre con el plazo final del 31 de diciembre de 2018. Esa decisión del Consejo destacó la necesidad de que los Estados miembros aborden los efectos socioeconómicos del cierre de las minas.
Algunos de los instrumentos utilizados por España para poner en marcha la transición incluyen:
- Planes de Acción Urgentes: programas de reskilling, regímenes de jubilación anticipada e incentivos empresariales para las regiones más afectadas. La primera de estas iniciativas fue el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027, firmado en 2018 por el Gobierno, los sindicatos y la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).
Convenios de transición justa: una herramienta de co-gobernanza que cuenta con la participación de actores nacionales, regionales y locales para, entre otros objetivos, desarrollar oportunidades económicas y promover el upskilling y el reskilling de los trabajadores. En total, se han firmado 15 convenios que abarcan a 197 municipios y ocho comunidades autónomas. Un ejemplo de CTJ es el de As Pontes, Galicia, con iniciativas como la financiación de espacios de coworking para pequeñas y medianas empresas (PYMES), la construcción de un centro de logística, el desarrollo de nuevos destinos turísticos, proyectos de restauración medioambiental, el apoyo a proyectos empresariales como una fábrica de neumáticos y un molino de reciclaje de celulosa y el desarrollo de una central de hidrógeno renovable, entre otros.
Concursos en nudos de transición justa: sirven para brindar acceso a la red a proyectos renovables y de almacenamiento que limiten el daño medioambiental, den prioridad a los beneficios locales (incluidos el reskilling y el upskilling) y estén ubicados en regiones anteriormente dependientes del carbón.
Hasta la fecha, en el gráfico 4 se resumen los principales logros y características de los CTJ. Estos incluyen la implementación de la Estrategia de Transición Justa y el Instituto para la Transición Justa, el apoyo a regímenes que preserven el empleo y retengan a los trabajadores afectados, el desarrollo de programas de apoyo a empresas y emprendedores locales, la firma de 15 convenios de transición justa y concursos en nudos de transición justa, la cualificación de 1.300 trabajadores y la generación de energía autogenerada para 3.800 beneficiarios. Además, se han restaurado 3.700 hectáreas de antiguas instalaciones mineras, se han apoyado más de 200 proyectos municipales con 203 millones de euros en subvenciones para iniciativas empresariales, turismo, infraestructuras sanitarias y vivienda social, y se ha implementado el programa cultural Dinamiz-ARTj, con más de 1.400 solicitudes de actuación en 136 municipios. Los convenios de transición justa también han permitido la presentación de propuestas por más de 800 agentes y la realización de reuniones de seguimiento en los distintos territorios, apoyando a 197 municipios en la presentación de propuestas de proyectos.
A fin de conocer el grado de apoyo ciudadano a la transición justa en España, se incluyó una pregunta específica en la encuesta de 2023 del Real Instituto Elcano sobre ciudadanía y cambio climático. A través de una escala de Likert de cinco puntos, se preguntó a una muestra representativa de la población española hasta qué punto estaban de acuerdo (desde “muy de acuerdo” a “muy en desacuerdo”) con la afirmación “El gobierno debe invertir en las zonas que pierdan sus negocios por el cambio climático o por las políticas para luchar contra él, aunque eso suponga tener menos dinero para otras cosas”. Esta pregunta pretendía comprender el apoyo de las personas encuestadas a un concepto amplio de transición justa que incluye la adaptación justa y la transición justa conforme a la definición de la OIT. Casi el 70 % de las personas encuestadas se mostraron de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación, siendo el apoyo a las inversiones para una transición justa la política que obtuvo un mayor consenso en todo el espectro ideológico en comparación con otras afirmaciones sobre políticas.
Para analizar las variables estadísticamente significativas para aumentar la probabilidad de aceptar las inversiones gubernamentales destinadas a iniciativas de transición justa, se recurrió a un modelo de regresión logística. En el modelo, es la probabilidad de que un ciudadano apoye una transición justa en España, son las variables explicativas del modelo y, por último, ß son los coeficientes, que se estiman utilizando el método de máxima verosimilitud. Las variables explicativas incluidas en el análisis están diseñadas para capturar un abanico de factores actitudinales, socioeconómicos y demográficos que podrían afectar el apoyo de la ciudadanía a la transición justa. Estas variables incluyen el apoyo a una transición justa, el sexo, la edad, la ideología, el tamaño del municipio, la renta y la escala Nuevo Paradigma Ecológico (NEP).
Las personas situadas a la izquierda del espectro ideológico, las que viven en municipios más pequeños y las que tienen una renta más baja son más propensas a respaldar las inversiones públicas en transición justa frente a los individuos de mayor renta, quienes se encuentran a la derecha del espectro político y quienes viven en ciudades más grandes. Las personas situadas a la izquierda del espectro ideológico son un 7,3% más propensas a apoyar una transición justa que quienes se sitúan a la derecha del espectro ideológico. Las personas entrevistadas con renta baja, es decir, que ganaban menos de 1.081 euros al mes, son un 13,21% más propensas a apoyar las políticas de transición justa que los entrevistados con renta alta, es decir, quienes ganan más de 3.001 euros al mes. Los ciudadanos que viven en municipios más grandes (entre 50.001 y 100.000 habitantes) son un 9,33% menos propensos a apoyar una transición justa que quienes viven en municipios más pequeños (hasta 25.000 habitantes).
Tras analizar el marco actual de España para la transición justa y constatar la existencia de un amplio apoyo ciudadano para el desarrollo de políticas de transición justa a nivel nacional, se reflexiona sobre los elementos que se podrían tener en cuenta en la próxima Estrategia de Transición Justa del país. La primera Estrategia de Transición Justa se centraba en gran medida en hacer frente a las repercusiones de la eliminación progresiva del carbón y la energía nuclear. Se espera que la Estrategia de Transición Justa actualizada siga lidiando con los efectos de la eliminación paulatina de los combustibles fósiles mientras amplía su alcance sectorial. Se prevé que la estrategia actualizada esté lista para finales de 2025, lo que proporciona una breve ventana de oportunidad de cerca de un año para que España ultime su segunda Estrategia de Transición Justa.
La transición española hacia las emisiones netas nulas requerirá el despliegue acelerado de las energías renovables además de la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Esta transición puede dar pie a una profunda transformación social, especialmente si se limita la oposición de la sociedad ante el despliegue de las renovables. La aceptación del despliegue de renovables podría aumentar gracias a proyectos que promuevan el desarrollo y el empleo local y contribuyan a reducir la despoblación del mundo rural. No obstante, lo esencial para maximizar los beneficios socioeconómicos es promover la participación activa de la ciudadanía y de las partes interesadas y desarrollar proyectos a largo plazo en las regiones en transición.
Para hacer frente a los retos planteados por el despliegue de las renovables y brindar oportunidades económicas adaptadas al contexto local de estas regiones en transición, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) organizó varias sesiones de participación pública en marzo y abril de 2024. El objetivo de estas sesiones consistía en crear una visión compartida para el despliegue de las energías renovables en España, para que la transición sea inclusiva y tenga en cuenta las necesidades locales en materia de desarrollo. Algunos de los temas debatidos fueron: el despliegue de las energías renovables, las oportunidades de empleo a corto y largo plazo, la igualdad de género y las iniciativas para poner freno al declive demográfico de las zonas rurales, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y los “prosumidores”, el fortalecimiento del debate comunitario e intersectorial, reforzando las identidades locales y promoviendo la labor colectiva, y la participación pública.
En el gráfico 9 se resumen las principales conclusiones extraídas de esas sesiones. La transición debe conciliar las prioridades sociales, medioambientales y económicas mientras ayuda a limitar a 1,5°C el incremento de la temperatura media mundial. Los enfoques colaborativos son esenciales para triplicar la capacidad renovable instalada y duplicar la eficiencia energética. Las iniciativas actuales siguen siendo insuficientes, por lo que resulta necesario lograr un consenso importante y una transformación de las pautas de producción y consumo. Se recomienda promover la colaboración de un grupo diverso de partes interesadas, incluir los puntos de vista de las partes interesadas en el diseño de políticas y proyectos y garantizar que la toma de decisiones se base en datos para desarrollar soluciones equilibradas para la integración de las energías renovables.
La población debe beneficiarse de la descarbonización; los territorios deben beneficiarse de las instalaciones de energía renovable: cuanto más y mejor se repartan los beneficios sociales, más atractivos resultarán estos proyectos para las comunidades locales y con más apoyo contarán. Las energías renovables pueden apoyar el empleo local sostenible, fortalecer las economías rurales y reducir la pobreza energética a través de iniciativas de autoconsumo y mejoras de la eficiencia. También se hizo hincapié en el papel de la mujer en el sector de las renovables para hacer frente a la despoblación. Se recomienda desarrollar o reforzar las herramientas para analizar las repercusiones sociales de los proyectos, priorizar el empleo local y el autoconsumo, incrementar la participación de la mujer mediante formación y apoyo financiero, planificar intervenciones específicas para grupos vulnerables.
El término “geografías del descontento” hace referencia a territorios que sufren agravios, despoblación y un acceso limitado a los servicios. Hay que alejarse de perspectivas urbano-céntricas, reconociendo que los territorios rurales tienen sus propias opiniones, necesidades y prioridades. Se trata de un proceso complejo que se debe abordar de manera integral. La gobernanza multinivel y la rentabilidad local de los proyectos de energía renovable son esenciales para apoyar a las zonas rurales. Las comunidades energéticas necesitan protección y continuidad pese a los cambios en el gobierno. Se recomienda garantizar la transparencia, un diálogo activo y la búsqueda de consenso para mejorar el bienestar rural y dar prioridad al empleo femenino. Se recomienda llegar a acuerdos para una representación territorial equitativa en la toma de decisiones. Reinvertir en el territorio la rentabilidad derivada de los proyectos de despliegue de energías renovables para poner freno a la despoblación. Se recomienda conseguir un equilibrio entre grandes y pequeños promotores y proteger a las comunidades energéticas. Se recomienda respaldar programas de capacitación relacionados con la energía y comunicación.
El despliegue de las energías renovables debe ajustarse a los compromisos internacionales, europeos y nacionales en materia de conservación de la biodiversidad y garantizar la integración ambiental y territorial. Son buenas prácticas la zonificación ambiental, el desarrollo y la difusión de un sistema centralizado de datos sobre biodiversidad y la incorporación de criterios de protección de la biodiversidad junto a medidas de integración territorial y social en los proyectos de energías renovables. Se recomienda profundizar en la planificación territorial y medioambiental, lo que incluye identificar las zonas degradadas para reducir al mínimo las repercusiones de las renovables para la biodiversidad; reforzar el seguimiento sistemático de las especies y las interacciones con las actividades humanas; consolidar las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y mejorar la gestión adaptativa; usar zonas piloto como reservas de la biosfera para encontrar soluciones escalables; y garantizar la transparencia, la comunicación y la participación de los territorios implicados.
Seguimiento y EIA
El seguimiento y las EIA son herramientas para prevenir y reducir las repercusiones medioambientales del despliegue de las energías renovables. Además, facilitan la coexistencia a largo plazo de las renovables y la biodiversidad. Las medidas correctoras y las herramientas integrales de zonificación garantizan la compatibilidad de los proyectos con el medio ambiente. Algunas mejores prácticas son, entre otras, las medidas correctoras y compensatorias que permiten recuperar hábitats degradados o los planes de conservación para especies concretas. Se recomienda reforzar los procesos de participación para garantizar que el público esté informado y pueda participar a todos los efectos en los procesos de autorización de proyectos; fomentar capacidades en las administraciones públicas (locales y regionales) para supervisar la conformidad con las EIA y los planes de seguimiento; herramientas digitales avanzadas de planificación y seguimiento (por ejemplo, herramientas de visualización, IA, radares, drones); y crear un catálogo de mejores prácticas en distintos territorios que se puedan adaptar y replicar en otras zonas.
Las renovables abren la puerta a oportunidades de desarrollo rural, pero, para sacar partido de sus ventajas, hace falta contar con transparencia, participación, divulgación y compromiso para desarrollar proyectos que sean aceptados a nivel local. La transparencia y la participación pública en una fase temprana del proyecto ayudan a disipar la sensación de que el despliegue de las energías renovables ya está planificado y decidido y de que las consultas no son más que un trámite de relleno que podría provocar un efecto de “proyecto cerrado”. Se recomienda dar prioridad al uso de las zonas degradadas y desarrollar estrategias de zonificación equitativa para optimizar el uso del suelo mientras se evitan los conflictos con las actividades económicas ya presentes. Se recomienda crear nodos empresariales e industriales en torno a los centros de generación de energía renovable y fomentar el empleo local a través de programas de formación específicos e incentivos para los proveedores locales. Se recomienda medidas de apoyo para que las autoridades locales participen en la planificación energética e impulsar la colaboración entre administraciones para mejorar la gobernanza y la coordinación. Se recomienda invertir en el desarrollo de comunidades energéticas para que los residentes puedan ser partícipes de los proyectos de energías renovables, fomentando la confianza y el compromiso a largo plazo. Se recomienda desarrollar herramientas de mapeo para incluir criterios sociales y ambientales en la planificación de proyectos y adoptar medidas para garantizar que los proyectos satisfagan las necesidades de las economías locales. Se recomienda permitir que las comunidades en transición tengan acceso a la mejor información disponible; por ejemplo, sobre proyectos e iniciativas escalables que se hayan desarrollado en otros territorios.
Teniendo en cuenta la información ya examinada sobre la oferta y la demanda de políticas sobre transición justa, los efectos cada vez más graves del cambio climático y los muy ambiciosos objetivos de despliegue de renovables que se ha marcado España en su PNIEC actualizado, la futura estrategia de transición justicia podría incluir, como mínimo, ocho iniciativas. En primer lugar, mantener el rumbo de la transición justa para amortiguar el impacto de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y ampliar su alcance. Ello implicaría incluir en el ámbito de aplicación de la Estrategia de Transición Justa actualizada más sectores económicos que se verán crecientemente afectados por el cambio climático y por las políticas climáticas. Entre estos sectores estarían los mencionados en la primera ETJ: el turismo, la construcción, la industria, el transporte, la gestión de aguas y residuos y la agricultura, entre otros.
En segundo lugar, reforzar la participación pública y la gobernanza fomentando procesos participativos de toma de decisiones que incluyan a los ciudadanos y a las partes interesadas en fases tempranas de la planificación de los proyectos y a lo largo de todo el proceso. Las campañas de comunicación específicas y transparentes podrían ayudar a cerrar las brechas ideológicas y a reducir la oposición a las políticas climáticas.
En tercer lugar, potenciar el empoderamiento local y la integración socioeconómica, dando prioridad a las inversiones en proyectos liderados por las comunidades en transición e iniciativas para promover el autoconsumo, con el objetivo de apoyar a grupos vulnerables y crear oportunidades de empleo a nivel local. Además, se podrían llevar a cabo proyectos para aumentar las competencias técnicas y financieras de las autoridades locales para que participen de forma activa en la planificación energética.
En cuarto lugar, promover la igualdad de género mediante la ampliación de programas formativos para mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados, como por ejemplo el energético, y la promoción de iniciativas de mujeres emprendedoras en zonas rurales.
En quinto lugar, apoyar el desarrollo rural mediante la integración de proyectos de energías renovables en los planes de desarrollo rural para ayudar a poner freno a la despoblación e impulsar el crecimiento económico.
En sexto lugar, mejorar la transparencia mediante el desarrollo de mecanismos sólidos de seguimiento para evaluar las repercusiones sociales, económicas y medioambientales de las iniciativas de energía renovable. Crear un catálogo centralizado de mejores prácticas y casos monográficos para facilitar el intercambio de conocimientos y la ampliación a escala de los proyectos renovables.
En séptimo lugar, reforzar la colaboración entre ministerios, con las administraciones descentralizadas, con otros Estados miembros de la UE y a nivel internacional para conocer otras prácticas de transición justa, ayudar a difundir la experiencia de España y conformar un marco global de transición justa que se pueda adaptar para satisfacer las necesidades locales.
Por último, expandir el concepto de transición justa para que el despliegue de energías de tecnologías e infraestructuras renovables sea equitativo y socialmente aceptable. Para ello, se podría tener en cuenta las recomendaciones extraídas del proceso de participación pública sobre renovables del Gobierno español y mejorar las evaluaciones de impacto, facilitar la participación de comunidades y partes interesadas en fases tempranas de los proyectos, buscar oportunidades económicas para las regiones donde se desplieguen energías renovables, implicar a ciudades y pueblos en la acción por el clima y aspirar a conseguir una transición justa con perspectiva de género.
La propuesta para introducir un nuevo mecanismo de gobernanza de la transición justa que contribuya a cumplir los ambiciosos objetivos en materia de renovables y a hacer frente a los conflictos vigentes para el despliegue de las renovables incluye el desarrollo de “convenios de transición renovable justa” (CTRJ). Los CTRJ propuestos se asemejan a los convenios de transición justa españoles para la eliminación gradual de los combustibles fósiles, pero estarían diseñados para afrontar la integración progresiva de las energías renovables y otras tecnologías e infraestructuras necesarias para lograr la neutralidad climática.
De forma parecida a los CTJ para la retirada paulatina del carbón y la energía nuclear, los CTRJ podrían conllevar los siguientes pasos:
Alcanzar un acuerdo entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales y las empresas de energía renovable para colaborar en el marco de un CTRJ. Acordar el alcance geográfico del CTRJ. Hacer un diagnóstico de las repercusiones locales de los proyectos de renovables, tecnológicos o de infraestructuras que se propongan. Permitir la participación de las partes interesadas y organizar procesos de participación pública en la fase de concepción/planificación de los proyectos. Poner en marcha proyectos de inversión, de reskilling y culturales o de otra índole que puedan ejecutarse junto a proyectos de despliegue de renovables o de tecnologías e infraestructuras conexas para incrementar la aceptación local de los proyectos. Determinar las fuentes de financiación y ayudar a gobiernos y comunidades locales a acceder a esos fondos. Desarrollar e implantar los CTRJ. Hacer un seguimiento e informar sobre la implantación de los CTRJ (incluyendo las percepciones de los ciudadanos y de las partes interesadas sobre esa implantación) y crear una base de datos de los CTRJ para ayudar a difundir las mejores prácticas y las lecciones extraídas en España y otros países.
Los CTRJ podrían suponer para el sector privado, las comunidades y los gobiernos locales que se hayan implicado en proyectos de energías renovables, así como en otros proyectos relacionados, un marco institucional, un proceso estructurado y transparente para diseñar proyectos respaldados a nivel local que tengan en cuenta las necesidades de las comunidades y limiten la oposición contra las renovables.
Partiendo de las mejores prácticas de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, instituciones como el Instituto para la Transición Justa o el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) podrían poner en marcha los CTRJ.
