La Comisión Europea ha propuesto una revisión parcial de los acuerdos de asociación con Israel, sin incluir, sin embargo, un veto a la venta de armas. Esta medida ha sido vista por muchos como una respuesta tardía e insuficiente. Después de meses de inacción y divisiones internas, la Comisión Europea ha presentado finalmente una propuesta de revisión parcial de los Acuerdos de Asociación entre la Unión Europea e Israel, en respuesta al visto bueno para la invasión de Gaza City. La propuesta, anticipada por la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión, incluye sanciones contra ministros extremistas del gobierno de Netanyahu y colonos violentos, además de la imposición de aranceles que afectarían al 37% de las importaciones israelíes en Europa, equivalentes a 5,8 mil millones de euros.
Sin embargo, las opciones propuestas son más limitadas de lo que se había esperado de algunos países y funcionarios europeos. Además, para aprobar estas medidas será necesaria una mayoría cualificada de los Estados miembros, lo que significa que al menos uno de los grandes países que hasta ahora se han opuesto, como Alemania o Italia, deberá apoyar la propuesta. El Alto Representante de la UE para la política exterior ha exhortado a quienes frenan el proceso decisional a presentar alternativas, destacando la gravedad de la situación en Gaza. A pesar de que la propuesta ha sido considerada tímida, ha suscitado una dura reacción por parte de Israel, con el ministro de Exteriores que ha acusado a la presidenta von der Leyen de fortalecer a los grupos terroristas.
El acuerdo con Israel, en vigor desde 2000, es un pacto de amplia envergadura que incluye cooperación económica en sectores clave, diálogo político y comercio. El artículo 2 compromete a Israel a respetar los derechos humanos y los principios democráticos, una cláusula estándar en los acuerdos de la UE con socios externos. En teoría, si un país viola estos principios, la UE puede suspender el acuerdo en su totalidad o en parte. Hasta ahora, sin embargo, la UE no ha suspendido un acuerdo de asociación con ningún socio, limitándose en casos graves a iniciar consultas o a reorientar los ayuda al desarrollo. Hasta hace pocas semanas, una revisión del acuerdo con Israel se consideraba un verdadero «tabú diplomático».
Las presiones de las plazas y de países como España, los Países Bajos e Irlanda, que ya han adoptado medidas unilaterales contra la guerra en Gaza y las violaciones en Cisjordania, se han unido a la denuncia contenida en el informe de la ONU de la Comisión Internacional de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados. Según el documento, las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes han cometido, y siguen cometiendo, actos de genocidio contra los palestinos en Gaza. La Comisión destaca además que, aunque su análisis se limita a los palestinos de Gaza en el período posterior al 7 de octubre de 2023, ella suscita la seria preocupación de que la intención específica de destruir a los palestinos en su conjunto se haya extendido al resto del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este, sobre la base de las acciones de las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes en esos lugares, y en el período anterior al 7 de octubre de 2023.
La propuesta presentada en Bruselas prevé tres medidas principales: la suspensión parcial del acuerdo comercial UE-Israel, con aranceles sobre el 37% de las importaciones; sanciones contra ministros extremistas, colonos violentos, organizaciones de colonos y exponentes de Hamas; y la suspensión de alrededor de 20 millones de euros de fondos europeos destinados a Israel, con la exclusión de los programas para la sociedad civil. Solo esta última medida es inmediatamente operativa, ya que se ajusta a los poderes directos de la Comisión. Las otras dos requerirán el voto a mayoría cualificada del Consejo, un paso que no es en absoluto sencillo, teniendo en cuenta las posiciones de algunos Estados miembros.
Funcionarios europeos informan que la presidenta von der Leyen es consciente de que las posibilidades de hacer aprobar un paquete tan ambicioso de medidas son escasas. Su propuesta busca más bien mantener la paz dentro del Colegio de Comisarios de los Estados miembros, que sancionar las acciones de Israel en Gaza. La iniciativa se inserta en un contexto político delicado, con dos mociones de censura al Parlamento Europeo previstas para octubre. Desde hace meses, los activistas de los derechos humanos han invocado la suspensión total de las relaciones comerciales con Israel, pero este escenario es irrealizable, ya que requeriría la unanimidad de los Veintisiete, incluidos países como Hungría, Alemania e Italia, entre los más convencidos defensores de Tel Aviv.
El ejecutivo europeo ha optado por una fórmula intermedia: la suspensión parcial de algunas disposiciones sobre los intercambios, la investigación, la cultura y el diálogo político. Para aprobarla se necesitará una mayoría cualificada, es decir, al menos 15 países que representen el 65% de la población de la Unión. Será entonces el Consejo UE, con voto a mayoría de dos tercios, quien tenga la última palabra. A mayo, una primera solicitud de revisión presentada por los Países Bajos ya se había estancado. Desde entonces, la crisis humanitaria en Gaza ha empeorado, y ahora la ofensiva terrestre israelí en Gaza City empeora aún más la situación. En este contexto, la UE no solo propone medidas débiles, sino que también se queda sin un plan creíble para enfrentar la emergencia humanitaria inminente.
El contraste con la reacción a la invasión rusa de Ucrania es evidente: en ese caso, Bruselas garantizó en tiempos rápidos protección temporal a cientos de miles de refugiados. Para Gaza, en cambio, más allá de las declaraciones, la parálisis continúa.
