Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reunirán informalmente en Copenhague el 1 de octubre para debatir cómo reforzar la defensa común de Europa y el apoyo a Ucrania. Esta reunión se produce en un contexto de alarma generalizada debido a las incursiones de drones y aviones rusos en el espacio aéreo de varios Estados miembros y aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Estas acciones parecen indicar una nueva fase de provocaciones y hostigamientos por parte de Vladímir Putin.
El presidente ruso ha decidido escalar su panoplia de ataques híbridos mediante invasiones del espacio aéreo, interferencias en los sistemas de navegación de aeronaves civiles que transportan líderes políticos europeos, sabotajes en aeropuertos, sobrevuelos de naves y bases militares. Estos actos buscan evaluar las capacidades de respuesta militar de Europa, incluyendo tiempos de reacción, recursos movilizados, procedimientos de toma de decisiones, cadenas de mando y control. Además, Putin está poniendo a prueba la determinación política colectiva, la unidad de acción y la coherencia interna de la UE.
La desproporción de costes entre los drones rusos, fabricados con materiales baratos y portadores de una carga explosiva y un algoritmo, y los sistemas de defensa europeos, como misiles «Patriots» o cazas de combate F-35, es insostenible. A día de hoy, la UE no dispone de sistemas terrestres de artillería multinivel capaces de derribar drones enemigos de bajo costo. Esta falta de planificación estratégica y operativa aliada tras tres años y medio de guerra en Ucrania es inexplicable.
El comisario de Defensa ha propuesto construir un «muro antidrones» para detectar, vigilar y eliminar drones en el plazo de un año, en el marco del programa «Vigilancia del Flanco Este». Por su parte, el secretario general de la OTAN ha lanzado la misión «Centinela del Este» para reforzar la disuasión aérea en la región. Sin embargo, la UE se encuentra en una incómoda posición defensiva, reactiva a la ofensiva híbrida de Moscú.
Una de las características inherentes de toda amenaza o ataque híbrido es que el agresor cuenta con la ventaja de la iniciativa, decidiendo el ritmo y alcance de la escalada o desescalada de la confrontación. El agredido, por su parte, opera a oscuras, ignorando la naturaleza, intensidad y propósito último del ataque. Esto obliga a la víctima a calibrar y ponderar cuidadosamente la respuesta, evitando tanto la subestimación como la sobreestimación del conflicto.
Hasta dotarnos de las capacidades antidrones necesarias, sería prudente aprender de Ucrania, que ha desarrollado una eficaz industria nacional de drones. Estos drones no requieren permisos de terceros y han demostrado ser capaces de abatir entre un 80-90% de los drones rusos y alcanzar objetivos legítimos en territorio ruso. La ayuda más eficaz y la mejor garantía de seguridad para Ucrania es reforzar sus capacidades militares y convertir sus Fuerzas Armadas en suficientemente potentes para repeler la agresión rusa y disuadir futuros ataques.
Para integrar las capacidades militares de Ucrania en la Europa de la defensa, es necesario unir sus estados mayores, estructuras de mando y control, con especificaciones homologadas y estandarizadas de equipos y sistemas. Además, se debe fomentar la participación en programas conjuntos de armamento y tecnológicos duales, así como en cursos de formación y adiestramiento. Todo ello requerirá unas disponibilidades financieras suficientes, previsibles y constantes.
La Comisión ha aprobado un ambicioso programa de movilización de unos 800.000 millones de euros hasta 2028, con un fondo de defensa europeo dotado con unos 135.000 millones. El programa SAFE para adquisiciones conjuntas militares, en forma de préstamos en condiciones muy ventajosas, ha sido atribuido en su totalidad a los 19 Estados miembros que lo han solicitado. Polonia ha pedido 43.500 millones de euros, mientras que España ha solicitado solo 1.000 millones.
La Comisión también ha propuesto utilizar 140.000 millones de euros de los fondos soberanos rusos confiscados y retenidos en bancos europeos para financiar el esfuerzo bélico de Ucrania y su posterior reconstrucción. Esta decisión es controvertida debido a su impacto negativo en la credibilidad del sistema financiero europeo, pero en esta coyuntura bélica excepcional, se considera una medida justificada.
El esfuerzo de financiación pública debe verse acompañado por la movilización de recursos privados. La inversión de la banca privada en seguridad y defensa ha sido considerada de alto riesgo debido a los dilatados plazos temporales de los posibles retornos y la necesidad de aprovisionar fuertemente los créditos. La decisión del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de triplicar su financiación de proyectos y programas de defensa hasta los 3.000 millones en 2025 es encomiable, no tanto por el importe de los préstamos cuanto por el efecto arrastre que puede provocar en las entidades privadas europeas.
No se debe renunciar a discutir la conveniencia y oportunidad de emitir deuda mutualizada en forma de bonos europeos de defensa. Sería erróneo descartar a priori recursos y palancas de financiación disponibles, proporcionales al desafío existencial a nuestra seguridad compartida.
Más allá de la necesidad de dotarnos de recursos y medios militares adecuados y de movilizar disponibilidades financieras suficientes, es crucial articular una respuesta política firme, unitaria y sin fisuras a las provocaciones de Putin. El autócrata debe interiorizar la resolución de la UE a defendernos y derrotar su aventurerismo bélico. Este mensaje debe ser claro en todo momento y lugar, forzando a Putin a cambiar sus erróneos cálculos estratégicos y llevarlo a la mesa de negociación de una paz justa y duradera para Ucrania. Este es el mensaje que acordarán los líderes políticos en las dos reuniones del Consejo Europeo de octubre.
