La Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfrenta una crisis multifacética que pone en peligro su capacidad para cumplir con su misión principal: evitar la guerra y mantener la paz. La crítica recurrente es el escaso poder del secretario general, la ineficacia de la diplomacia preventiva y las operaciones de paz, y la deficiente estructura del Consejo de Seguridad. Sin embargo, una dimensión menos comentada pero igualmente grave es la crisis financiera que amenaza la supervivencia misma de la organización.
Actualmente, la ONU acumula un déficit de caja que podría alcanzar los 1.100 millones de dólares para finales de año. En 2023, el déficit ya era de unos 200 millones de dólares. Las causas de esta situación incluyen el retraso en las transferencias de muchos países miembros para cubrir sus cuotas anuales del presupuesto. En 2024, solo el 15% del presupuesto aprobado se recibió en enero, y el resto se fue desembolsando gradualmente, con el 15% final llegando en diciembre. Además, las cuotas correspondientes a 41 países quedaron impagadas, sumando unos 760 millones de dólares.
Estados Unidos, que debería aportar cerca del 22% del presupuesto regular de la ONU, acumula una deuda de aproximadamente 2.700 millones de dólares. Esta situación se agrava por la resistencia de la administración estadounidense a reforzar los organismos multilaterales, lo que podría llevar a una suspensión total de los pagos obligatorios y las aportaciones voluntarias. Esta actitud es especialmente crítica para agencias como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde la contribución estadounidense es significativa.
Como resultado de estas dificultades financieras, la ONU ha anunciado recortes significativos. Se planea reducir los puestos de la organización en un 20%, congelar contrataciones y recortar 600 millones de dólares del presupuesto operativo anual, equivalente al 17% de los 3.700 millones totales. Estas medidas se enmarcan en la Iniciativa ONU80, lanzada en marzo, que incluye la creación de un comité encargado de estudiar reformas necesarias.
La crisis también afecta gravemente a las agencias y programas de la organización. En el campo humanitario, la ONU solo ha recibido un 12,7% de los 44.000 millones de dólares solicitados para atender las crisis globales de 2025. Esto ha llevado a reestructurar las prioridades de asistencia, reduciendo la petición a 29.000 millones de dólares para atender a 118 millones de personas, en lugar de los 180 millones inicialmente previstos.
Se están considerando fusiones entre agencias, como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y se están adoptando medidas de emergencia para garantizar el funcionamiento mínimo del organismo. La gravedad de la situación es tal que el secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido que, si no se resuelve pronto, el presupuesto de mantenimiento de la paz podría agotarse a mediados de año.
Esta crisis se produce en un contexto internacional en el que la ONU enfrenta crecientes críticas por su ineficacia en el mantenimiento de la paz y en sus intentos por resolver conflictos como el de Ucrania o la masacre en Gaza. La situación pone en juego mucho más que las aportaciones obligatorias y voluntarias de los Estados miembros; se trata de una cuestión de responsabilidad global, solidaridad humana y compromiso para acabar con el sufrimiento.
La crisis financiera de la ONU no solo afecta su capacidad operativa, sino también su credibilidad y legitimidad como representante de la comunidad internacional. La falta de fondos compromete la implementación de programas esenciales y la capacidad de respuesta ante crisis humanitarias. Además, la dependencia de contribuciones de países como Estados Unidos, que muestran resistencia a apoyar los organismos multilaterales, exacerba la situación.
La diplomacia preventiva y las operaciones de paz son pilares fundamentales de la misión de la ONU. Sin embargo, la ineficacia percibida en estas áreas y la incapacidad de adaptarse a las nuevas dinámicas globales han erosionado la confianza en la organización. El Consejo de Seguridad, con su composición y proceso de toma de decisiones desfasados, se ha convertido en un obstáculo significativo para la efectividad de la ONU.
La crisis financiera y operativa de la ONU no es un problema aislado; está profundamente entrelazada con desafíos globales como el cambio climático, la migración forzada y la proliferación de conflictos armados. La capacidad de la ONU para abordar estos desafíos depende en gran medida de su estabilidad financiera y operativa. Sin embargo, la situación actual pone en duda su capacidad para cumplir con su mandato.
La comunidad internacional debe reconocer la urgencia de abordar la crisis de la ONU. Las medidas de emergencia adoptadas son un primer paso, pero se necesitan soluciones a largo plazo para garantizar la sostenibilidad financiera y operativa de la organización. Esto incluye la reformulación del sistema de contribuciones, la mejora de la eficiencia administrativa y la adaptación de la estructura de gobernanza para reflejar mejor las relaciones de poder actuales.
La ONU enfrenta un momento crucial en su historia. La capacidad de la organización para superar esta crisis determinará no solo su futuro, sino también el futuro del orden internacional basado en normas. La comunidad global debe unir esfuerzos para apoyar a la ONU en este desafío, reconociendo que su supervivencia es esencial para la paz y la seguridad mundiales.
