Después de los resultados modestos del vertice BRICS en Rio de Janeiro, el Brasil se prepara a albergar la COP30 en Belém. A la vez, crecen las presiones de los Estados Unidos en el frente de los aranceles.
Este escenario complejo representa una desafío significativo para el presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva. El 2025 debía ser el año de la consagración del Brasil como actor global, con el vertice BRICS y la Conferencia de las Partes sobre el cambio climático (COP30) que debían reforzar el rol del país en la governanza internacional y consolidar el perfil político de Lula en vista de las elecciones presidenciales del 2026.
Sin embargo, el escenario actual es mucho más complejo. Los resultados del vertice BRICS fueron decepcionantes y la diplomacia ambiental está bajo presión. Por otro lado, las nuevas tensiones comerciales con los Estados Unidos podrían ofrecer a Lula una oportunidad para reforzar su posición política interna.
El vertice BRICS, celebrado el 6-7 de julio en Rio de Janeiro, debía marcar un momento simbólico de reforzamiento de la cooperación Sur-Sur. Sin embargo, el evento registró una participación inferior a las expectativas y no produjo compromisos concretos significativos.
La retórica de Lula, centrada en la promoción del uso de valores locales en lugar del dólar para el comercio entre los países miembros, no ha encontrado aún resultados concretos en las políticas económicas de los otros socios.
Geopolítica
En el plano geopolítico, la expansión de los BRICS sigue siendo discutida. El vertice de Rio ha demostrado las dificultades estructurales del grupo en definir una visión compartida. La multiplicidad de intereses nacionales y las diferencias ideológicas entre los miembros históricos (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) y los nuevos candidatos ponen en duda la posibilidad de una convergencia estratégica efectiva.
Lula también ha enfrentado un obstáculo imprevisto: el 9 de julio, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la intención de imponer aranceles del 50% sobre las exportaciones brasileñas a partir de agosto.
La motivación oficial es una presunta “caza de brujas” en contra del expresidente Jair Bolsonaro, que está bajo proceso por haber orquestado un intento de golpe de Estado contra el gobierno democráticamente electo. La medida fue confirmada en un decreto ejecutivo el 30 de julio, pero con importantes exenciones sectoriales, como productos energéticos y jugo de naranja.
La reacción del gobierno brasileño ha sido firme. El presidente Lula ha denunciado la iniciativa como una interferencia en la soberanía nacional y un ataque inaceptable, ganando popularidad incluso entre sectores críticos de su administración.
El apoyo al orgullo nacional y la defensa de los intereses estratégicos del país han resultado efectivos instrumentos retóricos.
Según un sondeo publicado el 16 de julio, el índice de aprobación del presidente ha subido al 43%, en comparación con el 40% registrado en mayo.
Económico
Desde un punto de vista económico, los margenes de negociación con los Estados Unidos parecen limitados.
El proceso contra Bolsonaro es gestionado por la Corte Suprema, un órgano independiente y por lo tanto fuera del control directo del poder ejecutivo brasileño. Además, en el plano comercial, los Estados Unidos registran ya un avance sustancial en comparación con el Brasil: en 2024 el avance comercial estadounidense fue de 7,4 mil millones de dólares, cifra que se eleva a 28,6 mil millones si se incluyen los servicios.
Las barreras tarifarias brasileñas, aunque elevadas, no son discriminatorias en contra de los Estados Unidos y podrían ser reducidas solo en acuerdo con los otros Estados miembros del Mercosur.
Por estas razones, es difícil identificar un espacio de negociación que pueda satisfacer las demandas del presidente Trump.
Más probable, en el corto plazo, un retraso técnico de la entrada en vigor de los aranceles. Aunque el alza en los consensos fuera temporal, el conflicto con Washington podría tener implicaciones políticas duraderas.
Si la situación económica empeora en los próximos meses, el gobierno podría facilitar fácilmente imputar el empeoramiento a la política comercial estadounidense, reforzando una narrativa nacionalista y la cohesión alrededor del presidente.
Relaciones con China
Algunos observadores sugieren que el factor desencadenante de la nueva tensión con Washington puede ser propio el reforzamiento de los lazos económicos y diplomáticos entre Brasil y BRICS, en particular con China.
En los últimos meses, Brasilia ha intensificado la cooperación con Pekín: en mayo los presidentes Lula y Xi Jinping firmaron más de 30 acuerdos bilaterales, que abarcan desde la inteligencia artificial hasta las infraestructuras portuarias, pasando por el sector minero.
La China es hoy en día el principal socio comercial del Brasil y apoya abiertamente el multilateralismo, como el presidente Lula, que ha expresado críticas explícitas al proteccionismo estadounidense y a la centralidad del dólar.
En este contexto, el conflicto con los Estados Unidos no es solo una disputa comercial, sino que representa una fracción ideológica entre dos visiones del mundo: la multilateral y inclusiva de Lula contra el unilateralismo y el transaccionalismo de Trump.
Si la desafío geopolítico con Washington ha contribuido a aumentar temporalmente el consenso interno, la diplomacia ambiental brasileña está viviendo un momento crítico.
A noviembre, la ciudad de Belém, en el Estado amazónico del Pará, ospitará la COP30. El Brasil pretende presentarse como líder en la lucha contra el calentamiento global y planea presentar un nuevo plan para eliminar la deforestación ilegal hasta el 2030 y promover la reducción de las emisiones. Sin embargo, datos recientes ponen en duda la credibilidad de este compromiso: en el primer semestre del 2025 se registró un aumento significativo de la deforestación en Brasil. Según el gobierno federal, parte del aumento es debido al efecto retrasado de los incendios que ocurrieron entre agosto y octubre de 2024, que hicieron que la vegetación fuera más vulnerable. Además, la prolongada sequía, que ha afectado a la Amazonía durante los dos años consecutivos, ha favorecido la propagación de los incendios. A esto se suman las presiones estructurales relacionadas con la agroindustria, la expansión minera y los fenómenos climáticos extremos.
Dos decisiones políticas recientes corren el riesgo de comprometer aún más la credibilidad del Brasil en materia ambiental. El 17 de junio, la Agencia nacional del petróleo puso a subasta 172 bloques de exploración, incluidos algunos situados cerca del bacino amazónico a lo largo de la costa norte, en el llamado Equatorial Margin. Otras concesiones se prevén antes del final del año. Por último, el 17 de julio, el Congreso aprobó el proyecto de ley 2.159/2021, que reduce de manera sustancial las protecciones ambientales. La nueva ley prevé la exención de la evaluación de impacto ambiental para proyectos infrastructurales, agrícolas y mineros considerados de impacto limitado, simplificando su autorización o delegándola en procesos de autoevaluación. Además, los proyectos definidos como “estrategicos” para el desarrollo nacional podrán acceder a iter acelerados.
El presidente Lula tiene 15 días laborales para decidir si poner el veto al proyecto de ley. El veto constituiría un mensaje importante del compromiso del gobierno en la lucha contra el cambio climático y reforzaría la posición del Brasil en vista de la COP30.
El año 2025 se está revelando un año de tensiones y desafíos complejos para la política exterior y ambiental del Brasil.
El presidente Lula ha demostrado capacidad de resiliencia y habilidad comunicativa en transformar los ataques externos en herramientas de reforzamiento político interno. Sin embargo, su ambición de dejar una huella internacional fuerte pasa necesariamente por decisiones coherentes en materia ambiental y por una diplomacia capaz de mediar entre el Sur y el Norte del mundo. La COP30 a noviembre será un banco de pruebas decisivo para la liderazgo brasilero en el siglo XXI.
