El despliegue militar estadounidense en el Caribe, con enfoque en Venezuela, ha sido justificado inicialmente como una operación contra el narcotráfico. Sin embargo, la magnitud, costo y sofisticación del dispositivo sugieren objetivos políticos más amplios. Estos incluyen presionar al régimen de Maduro o prepararse para posibles crisis internas en Venezuela. El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, es el principal ideólogo de esta política. Su visión securitaria y antiautoritaria ha impulsado sanciones, la narrativa del « eje del mal » latinoamericano y la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, ampliando el margen de acción militar. La campaña contra el « narcoterrorismo » ha generado tensiones entre la Casa Blanca y el Capitolio, ya que podría sentar un precedente legal significativo.
La Administración Trump busca reconstruir la influencia estadounidense en el hemisferio, apoyándose en aliados como Argentina, Ecuador, El Salvador y Paraguay, y aislando al eje Cuba-Nicaragua-Venezuela. La caída de Maduro sería su mayor victoria geopolítica en la región en décadas. Sin embargo, incluso si Estados Unidos logra forzar la salida de Maduro, persisten enormes incógnitas, incluyendo la gestión del día después, la estabilidad interna, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los riesgos de violencia, la capacidad del nuevo gobierno, la influencia de Rusia y China, y la justicia para los militares.
Operación Southern Spear
En 2025, la Administración estadounidense lanzó Operation Southern Spear en el Caribe, una de las campañas militares más activas en décadas. El 13 de noviembre, el secretario de Defensa anunció oficialmente la operación, aunque el nombre se mencionó previamente en enero de 2025 en un comunicado de la 4ª Flota. La operación justifica un aumento significativo de la presencia naval, aérea e infantería en la región, inicialmente como parte de una operación antidroga. Sin embargo, la concentración de armamento y personal en el Caribe sugiere objetivos más políticos y estratégicos, como ejercer presión militar sobre el régimen de Maduro, preparar opciones ante un posible deterioro de la situación interna venezolana o acceder a su petróleo.
El operativo comenzó con el envío del grupo anfibio encabezado por el USS Iwo Jima, junto a varios destructores, reforzados posteriormente por siete buques de guerra adicionales y un submarino de ataque de propulsión nuclear. En noviembre, Washington dio un salto cualitativo con la llegada del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado de cazas F-35, drones MQ-9 Reaper, bombarderos estratégicos B-52 y B-1, y el buque de apoyo a operaciones especiales MV Ocean Trader. Además, se intensificó el uso de instalaciones militares en Puerto Rico, consolidando el archipiélago como plataforma logística clave.
El primer ataque reconocido como parte de la campaña antidroga fue el hundimiento de una embarcación operada por el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana. Desde entonces, una veintena de embarcaciones han sido atacadas por fuerzas estadounidenses, planteando serios interrogantes legales y constitucionales. La campaña militar antidroga se ha desarrollado sin una autorización explícita del Congreso, lo que ha abierto un choque entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sobre el uso de la fuerza. La Administración defiende que los ataques no constituyen hostilidades tradicionales, pero expertos en derecho constitucional y uso de la fuerza sostienen que estos argumentos relajan el control democrático del Congreso y crean un precedente peligroso.
El incremento del tono y acción militar ha coincidido con el cierre abrupto del canal diplomático entre Washington y Caracas. A principios de octubre, el presidente Trump ordenó a su enviado especial poner fin a todas sus actividades diplomáticas con Venezuela. Hasta ese momento, el enviado había sido el principal interlocutor con Maduro, logrando avances significativos en vuelos de deportación, liberación de prisioneros estadounidenses y concesión de licencias energéticas para grandes petroleras.
El interés de Washington por derrotar a Maduro no es nuevo. Durante su primera Administración, Trump lideró una campaña de máxima presión para provocar la caída del gobierno de Maduro. Sin embargo, hasta comienzos de los años 2000, Estados Unidos fue el principal socio comercial de Venezuela y el destino natural de su petróleo. Las grandes compañías estadounidenses operaron en Venezuela en condiciones favorables, amparadas por el marco jurídico de PDVSA. La llegada de Hugo Chávez al poder marcó un giro profundo, con la consolidación del chavismo y una ruptura progresiva con Estados Unidos. Chávez forjó alianzas estratégicas con Cuba, Rusia, China e Irán, impulsando nacionalizaciones y expulsiones de empresas estadounidenses.
La política estadounidense hacia Venezuela ha sido moldeada por Marco Rubio, quien ha impulsado sanciones, presión diplomática y la narrativa internacional sobre Venezuela. Su visión securitaria del autoritarismo latinoamericano ha guiado la estrategia de Washington hacia el « eje del mal » latinoamericano y, en especial, contra el régimen de Maduro. Rubio ha sido el hilo conductor que conecta el giro duro contra Maduro desde 2017, la expansión del régimen de sanciones y la instrumentalización del crimen transnacional.
Estados Unidos perdió la hegemonía en su patio trasero hace años, pero ha mostrado un interés renovado en América Latina. El objetivo es recuperar el control de esa parte del mundo, lo que podría ser un éxito significativo para la política exterior de Estados Unidos y un avance en la Estrategia de Defensa Nacional. Este enfoque podría unir a las diversas facciones dentro del movimiento de Trump, quienes podrían ver la caída de Maduro como un logro importante.
Las opciones de Trump incluyen utilizar amenazas militares para que Maduro se autoexpulse, aumentar el ritmo de operaciones militares contra barcos narcotraficantes venezolanos, o llevar a cabo un ataque directo contra Maduro y otros objetivos del régimen. Sin embargo, una invasión militar en toda regla parece improbable, ya que Trump prefiere el uso rápido y contundente de la fuerza. El despliegue militar en el Caribe ha permitido a Estados Unidos reforzar sus lazos con países caribeños como Trinidad y Tobago y Guyana, y ha diversificado la agenda más allá de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La oposición venezolana, tanto dentro como fuera del país, muestra una excesiva esperanza en que el operativo « Lanza del sur » acabe con el chavo-madurismo y permita la reemergencia de una Venezuela democrática. Sin embargo, la gestión del día después es crucial. La estabilidad interna, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la capacidad del nuevo gobierno y la influencia de Rusia y China son factores clave. La FANB es una caja negra con escaso conocimiento de su interior, y sus filas están infiltradas y controladas por los servicios de inteligencia cubana.
La capacidad de respuesta de la FANB, el número de sus efectivos y su estado de preparación, el nivel del armamento disponible y el apoyo militar de Rusia y China son factores cruciales. Las muestras de apoyo de Vladímir Putin y Xi Jinping a Maduro son constantes. Para Venezuela, Cuba es un socio fundamental, pero su importancia también es crucial para La Habana. El desplome del régimen de Maduro abriría las puertas para que Cuba fuera el siguiente paso de la estrategia regional de Estados Unidos.
El 16 de noviembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó el Cártel de los Soles como organización terrorista, permitiendo enmarcar su actuación frente a Venezuela en términos de lucha contra el terrorismo y no solo contra el narcotráfico. El Tren de Aragua y el Cártel de los Soles han sido los nombres más asociados a la criminalidad venezolana, pero su naturaleza y utilidad política para Estados Unidos son distintas. El Tren de Aragua es una banda criminal transnacional surgida en las cárceles venezolanas, mientras que el Cártel de los Soles es una red paraestatal compuesta por altos mandos militares venezolanos vinculados al narcotráfico.
La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista tiene implicaciones geopolíticas profundas, proporcionando a la Administración Trump una base jurídica más sólida para intensificar sanciones, operaciones encubiertas e incluso escaladas militares. Fuentes de Estados Unidos indican que Washington está a punto de lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela, que podría incluir tanto operaciones encubiertas como el aumento de presencia militar en la región. La Federal Aviation Administration (FAA) ha emitido una advertencia para la aviación sobre el espacio aéreo venezolano debido al riesgo de seguridad y actividad militar intensificada, lo que ha llevado a varias aerolíneas internacionales a cancelar vuelos a Venezuela.
Descartada una invasión militar en toda regla, la gran duda es qué tipo de respuesta dará la Administración Trump a la crisis que intensificó en Venezuela a partir de su despliegue militar. La opinión pública estadounidense es contraria a la intervención, lo que puede limitar la escalada militar. El régimen de Maduro, consciente de lo complicado que es un desembarco masivo, ha optado por recrudecer su relato victimista y de resistencia, con el objetivo de movilizar a sus bases y disuadir a Estados Unidos de dar un paso en falso. La advertencia a las aerolíneas civiles y la limitación de permisos al personal militar estadounidense sugieren una próxima medida de fuerza por parte de Estados Unidos.
El gran despliegue militar, incluyendo el portaaviones US Gerald R. Ford, tiene un elevado coste diario, lo que sugiere que se espera algún resultado a corto o medio plazo. Sin embargo, hasta ahora no se ha pasado del hundimiento de presuntas narcolanchas. Las opciones disponibles incluyen acciones encubiertas en el territorio venezolano. La situación actual mantiene un juego de gato y ratón, que no puede prolongarse durante mucho tiempo. No sería descartable que antes de fin de año se produjera algún movimiento decisivo por parte de Estados Unidos, que tiene la iniciativa y debe mover ficha. Cualquier respuesta militar preventiva venezolana sería vista como un ataque directo o una agresión desde Washington, exigiendo una pronta retaliación acorde con la magnitud del desafío.
Respecto al régimen de Maduro, la gran incógnita es su capacidad de sobrevivir a una presión de este calibre, aun con el respaldo de Rusia y China. No es solo una cuestión de supervivencia de la cúpula chavo-madurista, sino de todo el entramado de un régimen que ha fagocitado al Estado venezolano durante más de un cuarto de siglo. No se trata únicamente de la supervivencia de la dictadura, sino de la del propio movimiento chavista, que podría convertirse en un prolongado agente de inestabilidad y desestabilización. No hay que olvidar el precedente del peronismo, que incluso fue uno de los referentes de Hugo Chávez cuando sentó las bases de su movimiento « revolucionario ».
