La creciente normalización de los talibanes por parte de varios gobiernos en un contexto de falta de reconocimiento plantea un dilema entre los intereses económicos y geoestratégicos y los valores universales de los derechos humanos. Ante los riesgos del olvido de Afganistán en la agenda global, las mujeres afganas han pasado de ser vistas como víctimas a convertirse en agentes de cambio. El activismo de las mujeres afganas contribuye al refuerzo del derecho internacional, llenando un vacío legal que facilite la persecución por motivos de género en el futuro Tratado para los Crímenes de Lesa Humanidad. La introducción del debate sobre la creación de la figura jurídica de “apartheid de género” encaja en el caso extremo afgano de persecución de género debido a su carácter sistemático e institucionalizado.
El líder talibán visitó la India en octubre de 2025, a pesar de estar en la lista de sanciones del Comité 1988 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este evento reavivó el debate sobre las políticas de los talibanes y cómo la actual deriva global hacia el pragmatismo y la primacía de los intereses nacionales se topa con los principios de los derechos humanos como valores universales. Aunque las siguientes ruedas de prensa incluyeron a mujeres, la tendencia más visible es la normalización en un contexto de falta de reconocimiento internacional.
La imagen de la mujer afgana bajo el burka durante el primer régimen talibán (1996-2001) se convirtió en un símbolo de pasividad y necesidad de salvación. Sin embargo, las mujeres afganas han demostrado su capacidad de resistencia y lucha por sus derechos. Las mujeres de la diáspora desempeñan un papel clave en la organización interna, conscientes de que otros conflictos dominan la agenda global. Muchas de las que huyeron del país poseen educación superior y experiencia profesional en ámbitos actualmente prohibidos, como el periodismo, la abogacía, la judicatura, el emprendimiento, la docencia, la medicina o la política.
Las sucesivas rondas del Grupo de Trabajo para el Proceso de Doha evidencian la complejidad de tratar con el liderazgo talibán. En noviembre de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2679, solicitando una evaluación independiente para abordar los desafíos en Afganistán, incluyendo los derechos de mujeres y niñas. Sin embargo, los talibanes se niegan a abordar cuestiones ajenas a la economía y al desarrollo, lo que divide a quienes quieren condicionar las concesiones a los avances en materia de derechos humanos e inclusión y a quienes priorizan la estabilización del país.
Afganistán firmó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 2003 y es signatario de otros instrumentos internacionales de derechos humanos. El principal problema para perseguir los crímenes de lesa humanidad, incluida la persecución por motivos de género, es el vacío en el derecho internacional, especialmente cuando éstos se cometen fuera de un conflicto armado. La persecución de género está incluida en el Estatuto de Roma como la “privación grave y sistemática de derechos fundamentales a un grupo de personas por motivos políticos, raciales, religiosos o de género”.
El concepto de apartheid de género incluiría elementos como la forma en que el gobierno talibán se construye sobre una base de discriminación extrema de género. La Corte Penal Internacional (CPI) se centra en la responsabilidad penal individual, no en la estatal. Este crimen sólo se ha perseguido en casos de comisión de delitos sexuales y de género, pero no se ha aplicado la figura de persecución de género como tal. Karima Bennoune, relatora especial de la ONU en materia de derechos culturales, define el apartheid de género como “un sistema de gobernanza basado en leyes y/o políticas que impone la segregación sistemática de mujeres y hombres y también puede excluir sistemáticamente a las mujeres de los espacios y esferas públicas”.
En noviembre de 2024, la Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU alcanzó el consenso para iniciar la elaboración de un tratado específico sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad. La Resolución 79/122, aprobada en la Asamblea General el 4 de diciembre de 2024, sentó las bases para la elaboración de este tratado específico casi ocho décadas después de los juicios de Núremberg. Este tratado es clave para que las mujeres afganas impulsen el reconocimiento del apartheid de género.
Ante el desinterés global y la lentitud de los procesos normativos, varias organizaciones lideradas por mujeres han asumido la defensa activa de los derechos humanos en Afganistán. Destacan Rawadari, Afghanistan Human Rights and Democratization Organization (AHRDO), Organization for Policy Research and Development Studies (DROPS) y Human Rights Defenders Plus (HRD+), que buscan tipificar el apartheid de género como crimen internacional y responsabilizar a los talibanes por una campaña coordinada de persecución contra las mujeres a nivel estatal.
Pese a las reiteradas condenas internacionales, las restricciones sobre las afganas se han intensificado. Los talibanes han promulgado más de 100 edictos que limitan la movilidad e imponen un código de conducta tan estricto como el vigente entre 1996 y 2001. Iniciativas como la campaña Ham Diley, en Australia exploran vías penales para procesar a los talibanes. En la Cumbre de Mujeres Afganas (Tirana, septiembre de 2024), con más de 180 participantes, se acordó una agenda de 12 puntos para avanzar hacia la justicia y la rendición de cuentas.
La conferencia HearUs, cuya próxima convocatoria tendrá lugar el 12 de diciembre de 2025 en Madrid, propuso apoyar un manifiesto político para el futuro del país, definir mecanismos para exigir responsabilidades, impulsar la tipificación del apartheid de género como crimen internacional y fortalecer la colaboración entre las mujeres afganas tanto dentro como fuera de Afganistán.
En octubre de 2022, la CPI reabrió la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Afganistán. El relator especial instó a incluir la persecución por motivos de género. En su informe de junio de 2024 al Consejo de Derechos de la ONU, describió la situación como “un sistema institucionalizado de discriminación, segregación, desprecio de la dignidad humana y exclusión de las mujeres y las niñas”. Tras las leyes de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció el derecho de las mujeres afganas a obtener asilo únicamente por su género y su nacionalidad.
En septiembre de 2024, durante la Asamblea General de la ONU, varios países anunciaron su intención de llevar a Afganistán ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violar la CEDAW. A esta iniciativa se han sumado varios países. El artículo 29 de la Convención permite someter la controversia a la CIJ si no se alcanza un acuerdo en seis meses. Si esta iniciativa no prospera, la alternativa sería remitir el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, donde podrían surgir obstáculos por la oposición de Rusia y China.
El 8 de julio de 2025, la CPI solicitó órdenes de arresto contra Haibatulá Ajundzadá y Abdul Hakim Haqqani por persecución de género. De prosperar, sería el primer caso juzgado por este crimen, lo que constituye una advertencia para los líderes talibanes sobre la posibilidad de su enjuiciamiento.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), con sede en Roma, es un tribunal de opinión internacional creado en 1979. El TPP tiene competencia para pronunciarse sobre crímenes de Estado, crímenes contra la paz y la humanidad, genocidio, violaciones graves y sistemáticas de derechos y libertades de los individuos, de los pueblos y de las minorías. En diciembre de 2024, varias asociaciones convocaron al TPP en apoyo de las mujeres afganas. En julio de 2025, se constituyó el Tribunal del Pueblo para las Mujeres Afganas, que celebró su primera sesión en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Este tribunal buscó ofrecer a las supervivientes una oportunidad de dar su testimonio, movilizar la opinión pública y exigir responsabilidades, desafiando la normalización del régimen talibán.
Las audiencias reunieron a centenares de miles de espectadores, incluidos afganos dentro y fuera del país. El caso en el tribunal se basó en demostrar la comisión del delito de apartheid, previsto en el artículo 7(j) del Estatuto de Roma, como crimen contra la humanidad. Las restricciones evidencian un patrón de violencia contra las mujeres afganas. Los testimonios coincidieron en la extrema crueldad y en el desprecio hacia las mujeres. Muchas de ellas fueron detenidas por estudiar, por caminar por la calle sin acompañamiento de un mahram o por protestar y reclamar sus derechos. En la audiencia, las testigos relataron cómo les decían “sométete a tu destino” o “tu sitio es el hogar”; cómo fueron amenazadas con morir lapidadas y sometidas a torturas físicas y psicológicas.
