La decisión de la Corte Suprema en United States v. Skrmetti (2025) abordó la prohibición de Tennessee sobre ciertos tratamientos médicos para menores transgénero, pero sus implicaciones se extienden mucho más allá del contexto inmediato de la atención médica. Esta sentencia tiene importantes consecuencias para los estudiantes en las escuelas y las instituciones de educación superior de América. Para comprender estas implicaciones, es esencial revisar los aspectos clave de la decisión Skrmetti y su impacto más amplio en las prácticas y políticas educativas.
Resumen de Skrmetti
La decisión Skrmetti confirmó la ley SB1 de Tennessee, que prohíbe ciertos cuidados de género para menores transgénero. El caso se centró en si SB1 prohibía el cuidado médico para menores basado en su “sexo” o porque eran transgénero. Si la Corte encontró que SB1 prohibía el acceso al cuidado basado en el sexo, habría aplicado un nivel más alto de escrutinio y potencialmente habría derogado la ley. Por el contrario, si la Corte encontró que SB1 prohibía el cuidado basado en el estado transgénero, habría tenido que decidir si aplicar un escrutinio más alto. La Corte finalmente sostuvo que SB1 no prohibía el cuidado médico basado en el sexo o el estado transgénero, sino en “edad” y “uso médico”. Esta sentencia permitió a la Corte aplicar el nivel más bajo de escrutinio, requiriendo solo que Tennessee demuestre que actuó racionalmente al adoptar SB1, lo que hizo.
Esta decisión marca un cambio significativo en la trayectoria reciente de la Corte sobre protecciones LGBTQ+. Por ejemplo, Skrmetti se encuentra en tensión con Bostock v. Clayton County (2020), donde la Corte sostuvo que es imposible discriminar contra una persona por ser transgénero sin discriminar contra esa persona basada en el sexo. Si bien Bostock se encontraba en el contexto de la discriminación laboral por título VII, la inconsistencia en la aplicación de la discriminación basada en el sexo bajo la Cláusula de Protección Igualitaria plantea preguntas sobre la lógica y la intención de la Corte.
Implicaciones para la práctica y la política educativa
La decisión Skrmetti tendrá consecuencias a largo plazo para los estudiantes en los Estados Unidos. La sentencia de la Corte contribuye a un entorno cada vez más hostil para los estudiantes transgénero. Una implicación inmediata es que las interrupciones en el cuidado de género probablemente afectarán la capacidad de los estudiantes para participar plenamente en la escuela. Los estudiantes pueden luchar con la asistencia, el rendimiento académico y la participación en actividades extracurriculares cuando carecen de acceso a cuidados médicos que apoyen su bienestar. Además, los jóvenes transgénero que consideran la universidad deben considerar qué estados permiten el acceso a cuidados continuos, una cálculo que puede limitar sus oportunidades educativas y separarlos de los sistemas de apoyo.
Las juntas escolares, superintendentes y directores ahora enfrentan un panorama legal donde las prácticas de apoyo, como confirmar nombres y pronombres, proporcionar acceso a baños seguros y capacitar al personal, pueden ser resistidas por los tribunales. Los maestros, consejeros y trabajadores sociales que están más cerca de los estudiantes y están más atentos a sus necesidades enfrentan un mayor riesgo de trabajar para afirmar a los jóvenes transgénero. Mientras tanto, los padres que aman y afirman a sus hijos deben navegar por un sistema más hostil y confuso que restringe su capacidad para obtener cuidados y apoyo a través de las escuelas.
Las implicaciones de la sentencia también se extienden a la educación superior. La investigación muestra que el acceso de los estudiantes a la atención de género afecta su salud física y mental. Sin embargo, el acceso de un estudiante a los servicios puede variar considerablemente de una parte del país a otra. Como resultado, los centros de salud universitarios pueden enfrentar incertidumbre sobre qué servicios pueden proporcionar, mientras que el personal de asuntos estudiantiles debe prepararse para una mayor necesidad de salud mental entre los estudiantes que llegan de entornos K-12 no apoyativos.
Politicizar la investigación educativa en la Corte
La decisión Skrmetti incluye una declaración de que las cortes no deben asumir que los expertos que se describen son correctos en los debates políticamente contendidos sobre las cuestiones envueltas en la incertidumbre científica. Esta postura apunta a la investigación que establece una relación entre el cuidado de género y el bienestar de los jóvenes transgénero, así como la conclusión de la Academia Americana de Pediatría de que el cuidado de género es basado en la evidencia y es necesario para los adolescentes transgénero. La mayoría de la opinión privilegió cierta evidencia mientras desestimaba otras, ejemplificando cómo la Corte ha utilizado selectivamente los hallazgos empíricos para respaldar sus conclusiones deseadas.
The Court’s approach reframes the longstanding effort to have research inform policy as something nefarious. For decades, researchers have aimed to bring evidence to inform policy and the law. However, the Court’s stance discredits research that aims to shine light on systemic issues from the outset, positioning it as suspect because it intends to inform policy. For education, the implications are stark. Educational research on supportive school practices for transgender students could now face heightened judicial skepticism precisely because it documents positive outcomes and aims to improve policy. Courts may dismiss education research showing that inclusive practices improve student well-being and academic performance as “politicized” advocacy rather than rigorous scholarship. This selective credibility creates a double bind: Education researchers studying marginalized students, including transgender students, risk having their work discounted when it could most inform education policies.
The Court has shown a growing tendency to dismiss evidence that challenges its perceived ideological positions. This pattern reveals strategic credibility judgments rather than principled skepticism. Education research is already underrepresented in courts; Skrmetti makes this work more challenging while heightening its necessity.
Looking Ahead
Skrmetti may have equipped policymakers with a legal blueprint to restrict transgender rights while avoiding judicial scrutiny. The decision accomplishes this through a sleight of hand: By finding that Tennessee’s law did not prohibit medical care for minors because they were transgender or because of their sex—but rather because of age or medical use—the Court effectively rendered discrimination invisible. This neutrality trap telegraphs to policymakers that to escape judicial scrutiny, they can frame their policies as regulating medical procedures, age groups, or any other category where minimal scrutiny applies rather than targeting transgender identity directly.
Twenty-seven states have already enacted laws limiting gender-affirming care for minors, and Skrmetti now provides cover for these restrictions to remain in effect. Skrmetti also sets a foundation that will continue to inform Supreme Court cases. Already, the Court has extended its reasoning beyond healthcare. In November 2025, in Trump v. Orr, the Court let the administration’s policy requiring transgender and nonbinary people to use passport sex markers that correspond to their sex assigned at birth to take effect while the litigation continues in the lower courts. The Court adopted a similar logic to the one they used in Skrmetti: Such requirements do not constitute differential treatment because they merely attest to “historical fact.”
Reflecting the hostile environment transgender people are facing, counsel for Orr explained that the federal requirement is a candid “rejection of the identity of an entire group—transgender Americans—who have always existed and have long been recognized in, among other fields, law and the medical profession.” The U.S. Supreme Court is also currently considering Little v. Hecox and West Virginia v. B.P.J. At issue in the cases are questions about whether laws that make prohibitions based on transgender status must receive heightened scrutiny and whether states can ban transgender students from participation in girls’ and women’s sports. Both the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment and—in the case of B.P.J., Title IX—are central to these cases, and the cases have real implications for the sociopolitical environment for transgender students. Depending on their outcomes, they may offer hope for students or further intensify an already-hostile environment.
