Después de un masacre en las favelas de Río de Janeiro atribuido al Comando Vermelho, Brasil se enfrenta a una criminalidad organizada en auge, mientras las divisiones políticas entre enfoques de tolerancia cero y soluciones sociales ineficaces complican aún más la situación. El balance provisional de la operación policial de Río de Janeiro habla de 121 muertos: 4 agentes y 117 jóvenes de las favelas, presuntos miembros del poderoso «Comando Vermelho» (CV), la facción más grande en la ciudad carioca con ramificaciones en todo el territorio nacional. La acción de la policía fue ordenada por el gobernador de Río sin la colaboración del gobierno federal, lo que destaca uno de los problemas más grandes del país: el enfrentamiento entre los diferentes poderes que bloquea la acción de represión y desmantelamiento de las mafias.
La constitución brasileña asigna a los estados individuales la responsabilidad del orden público, excepto para delitos que se planean y cometen en varios estados o a nivel internacional. El Comando Vermelho opera en ambos niveles. En las favelas que controla, gestiona todas las actividades comerciales legítimas y no, desde la venta de drogas hasta la distribución de botellas de gas, desde la red de autobuses que llevan a los trabajadores al trabajo hasta la suministración clandestina de energía eléctrica y televisión por cable. Entre las calles de estos conglomerados urbanos, los narcotraficantes reclutan a jóvenes de 12 años en adelante y los hacen trabajar como mensajeros, guardias y luego soldados. Disponen de un gran dispositivo de armas y municiones, dictan leyes, planean secuestros, robos, hurtos, asesinatos o asaltos a bancos y tiendas. Sus actividades, sin embargo, se expanden a otras regiones de Brasil, hasta la frontera amazónica con Perú y Colombia, desde donde llega la cocaína, o a la del Paraguay, desde donde se importan armas y material de contrabando.
El otro gran grupo rival es el PCC (Primeiro Comando da Capital) de San Pablo, que también tiene una estructura tentacular y una gran infiltración en el estratégico puerto de Santos, desde donde parte gran parte de la cocaína que llega a los puertos europeos, como Amberes, Marsella o Gioia Tauro.
En San Pablo, el PCC no tiene rivales, pero la geografía del crimen organizado en Río es mucho más compleja. En la ciudad operan también otras facciones creadas por escisiones del CV y las milicias paramilitares formadas por agentes corruptos de la policía que ofrecen «protección» a determinados barrios a cambio del pago de un piso.
Las incursiones militares en las favelas son una práctica recurrente, pero el balance es siempre trágico y no logra quebrar al enemigo. Muertos cien «soldados» se hacen subir otros cien y el nivel del enfrentamiento no hace más que aumentar. A nivel político, se chocan dos corrientes de pensamiento diferentes. La derecha, representada por el gobernador de Río, es partidaria de la tolerancia cero y el puño de hierro. El lema es «bandido bom é bandido morto», los delincuentes deben ser asesinados antes que sometidos a investigaciones, arrestos y procesos. La izquierda, en cambio, cree que la solución pasa por una vía más suave, con las redes de operadores sociales, ONG y organizaciones de derechos humanos que buscan sacar a los jóvenes de los clanes.
Ambas vías, sin embargo, son inoperantes; los «bandidos» no se quebran con la fuerza porque son demasiado poderosos, al mismo tiempo, no se redimen con la palabra porque viven de los delitos que cometen. También la opinión pública está dividida, aunque cada vez es mayor la parte de la población que se dice dispuesta a cerrar un ojo ante los abusos de la policía a cambio de la ilusión de la derrota de los clanes.
También la operación realizada en septiembre por la policía del estado de San Pablo es un ejemplo de una vía intermedia que podría ser representativa. La policía logró desenmascarar algunos canales de lavado de dinero del PCC a través de actividades comerciales, fintech y sociedades financieras.
Se descubrió, por ejemplo, que un tercio de las estaciones de servicio en el estado está controlado por los delincuentes, así como cadenas de hoteles o restaurantes. Los agentes llegaron hasta el barrio Faria Lima, donde opera la élite financiera local. Sin disparar un tiro, fue una de las pocas operaciones exitosas en un país con 39.000 muertos al año y donde el 14% de la población vive en áreas dominadas por la criminalidad organizada.
