El presidente Donald Trump adopta un enfoque assertivo en Medio Oriente, apoyando a Israel, aislando a Irán y marginando a los palestinos, con una política “America First” que podría desestabilizar la región. El retorno de Trump a la Casa Blanca se inscribe en un contexto geopolítico global cada vez más caracterizado por la fluidez estratégica y nuevas prioridades internacionales. En este escenario, Medio Oriente sigue siendo un nodo crucial para la política exterior de los Estados Unidos, aunque de formas diferentes al pasado. Desde la Franja de Gaza hasta el Golfo Pérsico, del Mar Rojo a Siria, la acción de Washington en la región se mueve a lo largo de directrices constantes, aunque con enfoques diferentes entre las diversas administraciones. Analizando la última década, que ha visto la alternancia entre la primera administración Trump, la de Biden y hoy el segundo mandato del magnate neoyorquino, se hace evidente cómo la presidencia demócrata se distinguió por una postura más prudente y moderada, en contraste con la de Trump, a menudo percibida como assertiva y muscular. Sin embargo, lo que distingue sustancialmente a las dos liderazgos no es solo el enfoque político, sino también el estilo y la previsibilidad. Biden y su equipo han sido generalmente considerados interlocutores confiables por las liderazgos regionales, mientras que la imprevisibilidad de Trump, tanto a nivel personal como político, ha generado desconfianza en muchas cancillerías mediorientales. Esta característica podría tener un impacto significativo en las relaciones institucionales con los líderes de la región, especialmente a la luz de la creciente inestabilidad local, agravada por 20 meses de guerra en Gaza y la escalada del conflicto entre Israel e Irán. No es casualidad que, desde su segundo discurso de investidura, Trump haya mostrado una clara voluntad de redefinir la tradicional postura estadounidense en la región entre Medio Oriente y Norte de África (MENA), con un retorno a un enfoque assertivo e ideológicamente marcado. Coherente con el enfoque ya experimentado en su primer mandato, Trump ha reforzado el apoyo político y militar a Israel, abandonando los caminos multilaterales y diplomáticos que caracterizaron la presidencia de Biden, especialmente aquellos orientados a la distensión con Teherán y la reanudación de un negociado para un acuerdo nuclear. El enfoque actual está dominado por una lógica bilateral y muscular, en la que el aislamiento de Irán se persigue a través de un fortalecimiento de las sanciones económicas, una retórica agresiva y el uso de acciones militares limitadas. Un enfoque tan assertivo podría no solo exacerbar las tensiones existentes, sino llevar a una desestabilización estructural de Medio Oriente. Una condición exacerbada por la ausencia tanto de un marco multilateral estable y compartido de valores y acciones con los socios, como de una visión estratégica estadounidense real y definida capaz de navegar por las tormentas regionales. Por eso, la apertura del frente militar entre Tel Aviv y Teherán, a la que se han sumado los ataques de EE.UU. contra los sitios nucleares iraníes, parece inscribirse en tal escenario. Las operaciones militares de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica han reactivado no solo las dinámicas de confrontación regional, sino también los temores de un posible involucramiento de Estados Unidos en otra guerra medioriental, contradiciendo aquellas promesas de “pacificador” y “unificador” que el mismo presidente Trump había pronunciado durante su segundo discurso de investidura en la Casa Blanca. Aunque la tregua entre las partes, mediada por Qatar, haya puesto temporalmente fin a la llamada “guerra de los 12 días”, persisten numerosas incertidumbres sobre las verdaderas intenciones y las capacidades efectivas de la actual administración estadounidense en cuanto a la gestión del dossier, así como sobre el tipo de involucramiento que pretende perseguir en la región.
La política exterior estadounidense en el segundo mandato de Trump
También en el segundo mandato de Trump, la línea política estadounidense ha seguido una orientación en continuidad con las tendencias anteriores, reafirmando con fuerza el concepto de “America First”. Esta política ha sido adoptada no solo como fórmula retórica, sino como estructura portante de un nuevo enfoque a la política internacional, centrado en una forma de soberanía estratégica y en un involucramiento global más selectivo y dirigido. En base a tal supuesto, EE.UU. rechaza el papel de garante global del orden liberal y se limita a intervenir donde los intereses vitales – en sentido estrictamente económico, de seguridad o geopolítico – sean directamente amenazados o puestos en cuestión. Surge así una práctica política imbuida de una visión oportunista de las relaciones internacionales, suspendida entre no intervencionismo, proteccionismo, unilateralismo y transaccionalismo. En esta concepción anómica del mundo, se evidencian sin embargo algunos elementos de tipo realista, tales que parte de la doctrina ha evocado la llamada “teoría del loco”, elaborada durante la Guerra Fría, que se concreta en un supuesto de política exterior fundado en la imprevisibilidad absoluta y en la reivindicación, a menudo abstracta, de un excepcionalismo que legitima un comportamiento político fuera de los esquemas convencionales. En el caso específico de Medio Oriente, esta lógica se traduce en un anti-globalismo militante y en un retorno a una visión transaccional de las relaciones, donde alianzas, asistencia y compromisos están subordinados a una evaluación de costos-beneficios. Esta dinámica se manifiesta también en el plano de las narrativas oficiales: los derechos humanos, la democracia y las formas de intervención normativa son degradados o ignorados, en cuanto expresiones de un orden liberal-internacionalista considerado fallido o ideológicamente “globalista”. En cambio, son premiados socios confiables en el plano militar y económico, aunque autoritarios o iliberales, siempre y cuando garantes de estabilidad e interesados en el contención de los adversarios estratégicos.
El peso ideológico del nacionalismo religioso
Un papel complementario en esta configuración lo jugaría el peso ideológico de un cierto tipo de nacionalismo religioso que se mueve alrededor de la derecha estadounidense, que se ha convertido en un importante bacín electoral para la base republicana y el movimiento trumpista. La creciente influencia de los círculos evangélico-sionistas y el apoyo abierto de lobbies filo-israelíes o de la industria militar habrían condicionado fuertemente las decisiones estratégicas a favor de Tel Aviv. En particular, el eje entre mesianicos-evangélicos e israelíes refleja una retórica ideológicamente agresiva hecha de oposición a la teocracia solo en términos islámicos, camuflando su propio fanatismo con eslóganes que se refieren a los “valores judeo-cristianos” y a la “lucha en favor del Occidente”. Una parte significativa del electorado evangélico se percibe comprometida en una lucha contra el “mal”, identificado a nivel internacional con Irán y el islam político, y en el frente interno con el Partido Demócrata. En este contexto, muchos parecen considerar a Trump como un líder investido de una “misión divina”. Las políticas adoptadas reflejan, de hecho, una convergencia peculiar de intereses entre estos actores y la administración Trump, que empujan por una legitimación plena de las reivindicaciones israelíes, la erosión de la cuestión palestina como tema diplomático autónomo y una creciente militarización del enfrentamiento con Irán.
Prospectivas de la administración Trump
Al menos en las intenciones, por lo tanto, las perspectivas de la administración Trump parecerían apuntar hacia un decidido reorientamiento de las posiciones de los Estados Unidos en Medio Oriente, lejos de más de dos décadas de intervencionismos militares focalizados en la lucha contra el terrorismo y en la exportación de la democracia. El presidente en ejercicio ha señalado su intención de adoptar una posición más pragmática y realista, caracterizada por compromisos económicos y comerciales y exenta de moralismos sobre las cuestiones de gobernanza interna de los estados de la región. Un manifiesto bastante elocuente de tal enfoque fue la visita de estado de Trump a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar, donde, entre acuerdos comerciales, contratos millonarios, eliminación de sanciones y normalización de las relaciones con Siria, se definió la vía que los EE.UU. perseguirán en el área: “business first”, menos preocupaciones etico-políticas y estabilidad regional que pasa a través del involucramiento más estrecho de las monarquías árabes del Golfo Pérsico en la estrategia estadounidense. De esta manera, las iniciativas multilaterales lanzadas por la anterior administración de Biden – entre las cuales el intento de relanzar el diálogo sobre el nuclear iraní o de reequilibrar en mínima parte la política estadounidense hacia la causa palestina – son archivadas en favor de decisiones de campo, también irracionales. En su lugar, prevalece un enfoque bilateral y muscular, que prefiere tres elementos clave entrelazados: el fortalecimiento de las alianzas estratégicas con estados clave como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Egipto y Turquía; el aislamiento de Irán a través de una combinación de sanciones económicas, presiones diplomáticas y operaciones militares limitadas; y el uso de una postura pragmática orientada al logro de beneficios recíprocos en las relaciones bilaterales con las principales liderazgos regionales. Estos fundamentos son considerados los únicos instrumentos posibles y funcionales a la proyección de poder estadounidense, así como a la estabilización de la región.
Competencia multipolar y la visión estadounidense
En el marco de la creciente competencia multipolar, Irán es visto como un actor desestabilizador, mientras que China y Rusia representan enemigos sistemáticos – Pekín de tipo estructural y global, mientras que Moscú como clave para dividir el frente con Pekín y Teherán. El contención del uno y la disuasión de la otra se unen en una lógica de “doble presión” que orienta muchas de las decisiones operativas de la administración. Esto ya ha producido consecuencias directas: aumento del despliegue militar estadounidense en la región, fortalecimiento de los lazos de inteligencia y defensa con Israel, e intensificación de las presiones diplomáticas sobre aliados y socios para que se alineen con la postura estadounidense. Claramente, tal visión podría producir profundos cambios a la luz de los últimos desarrollos causados por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, que podrían cambiar las cartas en la mesa y también el tipo de involucramiento transaccional por parte de Rusia y China. El resultado es una política exterior selectiva, desilusionada y profundamente divisiva, que podría alimentar nuevas líneas de fractura regionales, contribuyendo así a la general inestabilidad crónica del área MENA.
Instrumentos de política exterior estadounidense
En el marco ideológico adoptado por el establishment trumpiano, también los principales instrumentos de política exterior de EE.UU. (diplomacia, economía, seguridad y cooperación) sufren notables introversiones. La diplomacia transaccional y bilateral. El segundo mandato de Trump ha mostrado un sustancial desinterés hacia la dimensión multilateral de la diplomacia, considerada ineficaz, dispersiva y rehén de vínculos burocráticos o morales. En su lugar se afirma, en cambio, una lógica transaccional y muscular: las alianzas y los partenariados se construyen sobre bases contractuales, en las que cada actor involucrado está llamado a proporcionar un aporte concreto, medible e inmediatamente útil para Washington. Los acuerdos se basan en intercambios concretos – como la venta de armas, el reconocimiento diplomático de socios estratégicos o ventajas políticas directas para los Estados Unidos. Esta lógica ha llevado a la construcción de coaliciones ad hoc, estructuras flexibles y sin vínculos duraderos, que operan sobre dossiers específicos y a menudo se disuelven una vez alcanzado el objetivo. Al mismo tiempo, este tipo de acciones podría debilitar de manera irreversible el derecho internacional y el respeto de sus reglas, proyectándonos hacia un orden global basado en la ley del más fuerte y en una marcada arbitrariedad. Se consolidaría así un sistema de normas y estándares diferentes que se aplicarían selectivamente y según los casos, convirtiéndose en vinculantes para algunos, opcionales para otros.
Instrumentos económicos: comercio, energía e infraestructuras
El segundo curso trumpiano ha adoptado un enfoque desvergonzado y funcional respecto a los acuerdos comerciales e infraestructurales como instrumentos de influencia geoestratégica. Proyectos como el India-Middle East-Europe Economic Corridor (Imec) y en parte también los mismos Acuerdos de Abraham, originalmente pensados en clave de desarrollo y estabilización económica a nivel macrorregional, son reinterpretados como plataformas para garantizar la expansión de la influencia americana y definir un contención simultáneo de China, Rusia e Irán. La política energética e industrial asume un papel central: fuentes fósiles, high-tech, inteligencia artificial e industria de la defensa se convierten en instrumentos privilegiados de presión e influencia. Los contratos para la provisión de armamentos y tecnologías militares avanzadas se utilizan para consolidar alianzas, reequilibrar relaciones de fuerza y crear dependencias estratégicas con socios regionales, en particular en el Golfo Pérsico y en el Levante. Seguridad y contra-terrorismo. La seguridad sigue siendo un pilar central de la estrategia estadounidense, pero sufre una evolución significativa. La nueva administración ha apuntado a la reducción de las tropas en el área, coherentemente con el descompromiso selectivo buscado. Al mismo tiempo, sin embargo, se han intensificado las operaciones dirigidas en el terreno con misiones de drones, actividades de inteligencia y fortalecimiento de las asociaciones de seguridad regionales. El enfoque principal se centra en el contención de los grupos chiitas pro-Irán (Hezbollah, milicias en Irak, Siria y Yemen) y los residuos del yihadismo sunita, como las células de Al-Qaeda y del Estado Islámico (IS) activos en áreas inestables. En este contexto, se prefiere un modelo de “guerra por delegación inteligente”, en el que los Estados Unidos proporcionan apoyo técnico, logístico e de inteligencia, pero limitan la exposición directa. Al mismo tiempo, se ha mostrado una neta cerradura sobre temas como la inmigración proveniente del área, con la reintroducción del travel ban hacia esos países considerados cómplices del terrorismo internacional islámico. Cooperación al desarrollo. En el frente de la cooperación internacional, se asiste a una sustancial y generalizada redefinición de los instrumentos de ayuda, que marca un alejamiento decidido de los modelos históricos encarnados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) o el apoyo proporcionado en las décadas a las diversas agencias de las Naciones Unidas. La ayuda al desarrollo se reduce, reestructura o privatiza, y se subordina a lógicas y condicionalidades políticas. En otras palabras, la asistencia económica se concede solo si es coherente con los intereses estratégicos de los Estados Unidos: se convierte en parte de una estrategia más amplia de contención de las influencias rivales, incentivo al alineamiento diplomático, o forma de compensación dentro de negociaciones bilaterales. El efecto es una politización estructural de la ayuda al desarrollo, que se aleja de finalidades humanitarias para asumir un papel instrumental en el juego de poder global.
Ejemplos concretos
Un ejemplo plástico de ello es el desmantelamiento de Usaid o la institución de una organización no gubernamental israelo-americana con sede en Ginebra como la Gaza Humanitarian Foundation, encargada de centralizar la gestión del apoyo humanitario en lugar de la Agencia de las Naciones Unidas para el Socorro y la Ocupación de los Refugiados Palestinos en el Cercano Oriente (Unrwa). Resulta, por lo tanto, evidente cómo los instrumentos adoptados por la administración Trump están ahora orientados a obtener la máxima eficacia en el corto plazo, levantando sin embargo interrogantes relevantes sobre su sostenibilidad en el tiempo, sobre los costos políticos tanto internos como internacionales y sobre las consecuencias a nivel regional y global en el mediano y largo plazo. En este cuadro, emerge, por lo tanto, una perspectiva de EE.UU. según la cual el Medio Oriente está cada vez más estructurado alrededor de ejes bilaterales y coaliciones informales, en los que Washington ejerce influencia sin asumirse plenamente la responsabilidad de los compromisos. Gaza y Cisjordania. En la proyección estadounidense hacia la región, la cuestión palestina conserva una discreta centralidad, aunque la administración Trump haya adoptado una línea de incondicional apoyo estratégico a Israel, consolidando y radicalizando la postura ya asumida durante el primer mandato. Tal apoyo se ha convertido en una plena cobertura operativa por parte de Washington, legitimando políticamente las operaciones en la Franja de Gaza y, más en general, la visión de Tel Aviv respecto al dossier palestino. En este contexto, Hamas es considerado por los Estados Unidos un actor terrorista a aniquilar y no un interlocutor político reconocible, con la consiguiente negación sistemática de cualquier papel negociador o institucional del movimiento en la futura gestión post-conflicto de la Franja de Gaza. Paralelamente, también a instancias de Israel, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) es progresivamente delegitimada y marginada a través de la exclusión de los canales negociadores directos y una reducción sustancial de los fondos estadounidenses para la cooperación, especialmente hacia Unrwa. La justificación oficial reside en la percepción de debilidad estructural de la ANP, juzgada ineficaz, fragmentada e incapaz de representar una verdadera contraparte en la construcción de un nuevo orden regional, cada vez más diseñado según coordenadas israelíes. En este contexto se inserta la propuesta informal, ya avanzada en los primeros meses de 2025, de una versión actualizada de los Acuerdos de Abraham: se configura como un plan de integración económico-regional funcional a la normalización diplomática entre Israel y el mundo árabe, pero completamente desvinculado de poner en acto una solución política para la cuestión palestina. De hecho, tal dimensión es aún más debilitada, tratada como un dossier interno israelí, que gestionar con instrumentos técnicos y paquetes de incentivos económicos, y no como el corazón irresuelto del conflicto árabe-israelí. El apice de esta impostación es la provocadora propuesta de “riviera mediorientale” para Gaza, un proyecto de requalificación urbana y desarrollo económico – oficialmente rechazado por toda la comunidad árabe -, que se propone transformar el enclave palestino en un hub comercial y turístico bajo tutela internacional o regional, excluyendo cualquier reconocimiento al derecho de autodeterminación de los palestinos. Elementos centrales como el estatus de Jerusalén Este, los confines del 1967, el derecho al retorno de los refugiados, y la misma noción de estado palestino, son categóricamente ignorados o archivados por clara voluntad política estadounidense. Todo esto parece prefigurar una restructuración definitiva del enfoque clásico de Washington hacia la “solución de dos estados”, que sería sustituida de hecho por una “one state solution” a favor de Israel, en la cual Tel Aviv, con el pleno consentimiento trumpiano, asumiría también la responsabilidad del futuro político, económico y demográfico de los palestinos. En esta visión, la cuestión no se resuelve, sino que se absorbe y transforma en una variable gestional de una seguridad integrada israelí, parte de un nuevo orden regional funcional a los equilibrios entre Washington, Tel Aviv y las monarquías árabes del Golfo. Según algunos observadores, de ello emerge una dinámica asimétrica, en la que los Estados Unidos ya no actúan más como mediadores imparciales, sino que asumen el rol de garantes de un equilibrio basado en una exclusión selectiva de los palestinos de la agenda medioriental, con profundas implicaciones para el futuro del derecho internacional, de la representación palestina y de la legitimidad de cualquier proceso de paz.
Siria y Levante
En el contexto del reciente cambio de régimen en Damasco y de la parcial eliminación de las sanciones estadounidenses al país, el enfoque de la Casa Blanca hacia Siria ha conocido una transformación significativa en el curso de 2025. La administración Trump ha interpretado el fin del poder de la familia al-Assad como una ocasión útil para redefinir el equilibrio regional en función anti-iraniana, mirando a vaciar a Siria de su rol histórico de retaguardia estratégica de Teherán y de las milicias a ella afiliadas. Sin embargo, sin comprometerse formalmente y directamente en la gestión de la transición política y de la reconstrucción post-bélica, Washington ha elegido una estrategia de apoyo táctico y condicionado al nuevo gobierno sirio, subordinando el apoyo a una gradual “de-iranización” del país y a la disponibilidad de este a coordinarse con actores filo-occidentales en la región. En este cuadro, se ha promovido una propuesta de normalización diplomática entre Siria e Israel, sobre el modelo extendido de los Acuerdos de Abraham, que debería facilitar el reingreso de Damasco en la comunidad internacional, previa exclusión de Irán como garante estratégico. Uno de los elementos clave – pero también más controvertidos – de este escenario es el rol de Turquía, cuyo involucramiento es tolerado, y en parte incentivado, por los Estados Unidos, aunque entre ambigüedades y tensiones. Ankara es considerada, en este frangente, un actor de estabilización “a geometría variable”, cuya acción en el campo ha contribuido a contener tanto la influencia iraní como las ambiciones curdas. Sin embargo, el posicionamiento de Ankara es fuertemente ambivalente: si por un lado Turquía es formalmente miembro de la North Atlantic Treaty Organisation (Nato) y parte de mecanismos de seguridad occidentales, por otro mantiene relaciones operativas, energéticas y diplomáticas estrechas con Rusia, y una estrategia autónoma de proyección regional, a menudo no en línea con las prioridades estratégicas occidentales. La acción turca, útil a ciertos objetivos estadounidenses, es al mismo tiempo fuente de preocupación para la gestión de las zonas cuscinetto, la cuestión curda y la militarización del confín. Además, Ankara ejerce una influencia creciente sobre segmentos del nuevo poder sirio, alimentando un sistema de dependencias cruzadas que hace la transición menos lineal de lo que Washington auspicia. En el plano militar, los Estados Unidos mantienen una presencia restringida pero de alta capacidad en el noreste de Siria, concentrada en tres prioridades. Sin embargo, el rasgo distintivo de la nueva postura estadounidense sigue siendo la gestión indirecta de la transición siria: un modelo que privilegia la influencia a distancia, el delegado regional y el condicionamiento selectivo a intervenciones directas o planes de reconstrucción estructurados. En este contexto, Siria post-Assad es tratada como bisagra geopolítica negociable, más que como teatro de transformación política. En esta lógica podrían también entrar todas las discusiones sobre el involucramiento de Damasco en los acuerdos de Abraham, avanzadas por el mismo Trump durante el encuentro en Riad con el presidente ad interim sirio. El país se inserta así en una lógica estadounidense de contención de las potencias rivales (Irán y Rusia) y de agregación selectiva de aliados funcionales, entre los cuales un rol de Turquía que sigue siendo fundamental pero estructuralmente ambiguo, autónomo y a veces divergente.
Mar Rojo y Yemen
En el cuadrante yemenita y a lo largo del eje marítimo del Mar Rojo meridional, la administración Trump ha mostrado un enfoque más flexible y multilivello, manteniendo una postura esencialmente securitaria. El objetivo primario sigue siendo la protección de las rutas comerciales e infraestructuras estratégicas entre Bab el-Mandeb, Aden y Gibuti, vitales para los flujos energéticos globales y para los intereses logístico-militares occidentales. En un contexto de creciente inestabilidad regional, los Estados Unidos en mayo de 2025 alcanzaron un acuerdo táctico de desescalada con los houthi, mediado a través de canales omanitas y qataríes. Tal acuerdo prevé una limitación selectiva de las acciones hostiles por parte de las milicias yemenitas en el Mar Rojo contra objetivos de EE.UU. (pero no israelíes) a cambio de aperturas humanitarias (ayudas alimentarias y sanitarias), de una reducción mirada de las sanciones secundarias y de un reconocimiento político indirecto de su autonomía en algunas áreas del norte de Yemen. Sin embargo, esta tregua parcial es extremadamente frágil, porque insertada en un escenario de conflicto multilivello. De hecho, con la apertura de un frente directo entre Israel e Irán, todo el arco marítimo desde el Levante hasta el Golfo Pérsico se ha convertido en un teatro operativo integrado, en el que las milicias chiitas filo-iraníes, incluidos los houthi, pueden reactivarse como actores asimétricos. La proyección estratégica de Irán a través de sus proxy se considera parte de una única cadena operativa, y los posibles ataques en el Mar Rojo se leen en clave coordinada con posibles crisis en el Estrecho de Hormuz.
Norte de África y Mediterráneo
Respecto a los otros escenarios operativos, el Norte de África y el Mediterráneo se presentan como dos escenarios secundarios de la estrategia estadounidense. Resultan interesantes exclusivamente en cuestiones de anti-terrorismo, control migratorio y contención de la inestabilidad regional. También en esta óptica, la administración Trump ha expresado su intención de extender y vehicular tales dinámicas a través de la lente interpretativa de los Acuerdos de Abraham. No es casualidad que durante el primer mandato, la Casa Blanca lograra extender los acuerdos de normalización israelo-árabes a Marruecos, subvirtiendo décadas de política oficial estadounidense a través del reconocimiento de la soberanía de Rabat sobre el territorio en disputa del Sahara Occidental, a cambio del reconocimiento marroquí de Israel. Sobre esta lógica, la administración Trump querría ampliar los discursos a Túnez y Libia, que por motivos diferentes resultan aún muy lejanos de cualquier tipo de involucramiento en la partida abramítica. Túnez oficialmente siempre ha rechazado la oferta estadounidense debido a la histórica cercanía del país a la causa palestina, pero el presidente Kaïs Saïed podría explotar instrumentalmente estas aperturas estadounidenses para fortalecer el régimen y reprimir aún más la disidencia interna. Trípoli, en cambio, aparece aún desorientada por el caos diplomático desencadenado por Israel en agosto de 2023, cuando el anuncio de un inminente acuerdo de normalización con el estado norteafricano suscitó fuertes protestas y tensiones en toda Libia, culminando en una crisis política que llevó a la remoción del entonces ministro de Relaciones Exteriores Najla al-Mangoush. Hasta la fecha, sin embargo, no se vislumbran perspectivas claras sobre un posible involucramiento de Trípoli o Túnez, aunque esta última podría mostrar cierta disponibilidad a cambio de ventajas claras y evidentes. Si los EE.UU., por ejemplo, empujaran por una normalización entre Túnez e Israel, Washington podría estar en condiciones de proporcionar concesiones significativas (sobre todo de tipo económico y financiero) al país norteafricano, quizás a través de un involucramiento directo del FMI, emulando paquetes de ayuda y asistencia sobre el modelo de lo hecho en los últimos años con Egipto. Sin embargo, el país sigue conservando cierta relevancia para los Estados Unidos, especialmente en relación con la amenaza representada por la proliferación de células yihadistas en el Sahel y la necesidad de contener los flujos migratorios irregulares provenientes del continente africano. Sin embargo, su peso dentro de las prioridades estratégicas estadounidenses sigue siendo marginal. De hecho, Washington ha mostrado un interés limitado y una clara reticencia a involucrarse activamente en una crisis considerada principalmente de competencia europea. Este descompromiso ha favorecido la proliferación de una competencia subterránea entre actores locales y regionales, dando origen a un estancamiento táctico orientado a impedir el ascenso de un actor dominante. El enfoque estadounidense se ha traducido así en una acción fragmentada e poco incisiva, carente de una visión estratégica a largo plazo sobre el futuro de Libia. En este escenario, resulta evidente también la escasa atención dedicada a la creciente penetración de Rusia y China en el país norteafricano, que procede en clave anti-Nato con el objetivo de erosionar la influencia occidental en Libia y más en general en África. Siempre con respecto al área, el interés estadounidense sigue siendo esencialmente el mantenimiento de relaciones fuertes con Egipto, considerado como estabilizador de equilibrios entre el Mediterráneo y África Oriental. Se explica también en esta óptica el endosement Usa a las posiciones egipcias sobre una solución a la cuestión de la gestión de las aguas del Nilo con Etiopía. En esta perspectiva, la relación con el presidente Abdel Fattah al-Sisi sigue siendo central: El Cairo es visto como un socio importante con el que mantener relaciones basadas en cooperación militar y estratégica, sin por ello imponer condicionamientos de tipo democrático o humanitario a las políticas domésticas del país.
Irán y cuestión nuclear
El dossier iraní representa uno de los principales nudos de tensión y maniobra estratégica para los EE.UU. en la región. La administración Trump se ha distinguido por haber relanzado con fuerza una versión más assertiva de la estrategia de “máxima presión”, marcando una neta discontinuidad respecto al enfoque negociador multilateral adoptado por su predecesor Joe Biden. Tal estrategia ha de hecho obstaculizado cualquier posibilidad de retorno al Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa). Las sanciones han sido reintrod
